Los habían declarado inocentes, pero ahora deberán enfrentar un nuevo proceso judicial. La protesta que iniciaron en el 2012 no los deja descansar. La Corte Superior de Justicia de Ica decidió, el último martes, anular la sentencia absolutoria contra Óscar Mollohuanca, Herbert Huamán y Sergio Huamaní, que se manifestaron en contra de la mina Tintaya de la suiza Xstrata en Espinar.

Como se recuerda, Mollohuanca era alcalde de Espinar cuando se realizó la protesta, y Huamán y Huamaní eran dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie). Ellos fueron acusados de los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de servicios públicos y disturbios.

En primera instancia fueron absueltos el 17 de julio de 2017, pero la Fiscalía apeló la decisión. Y ahora la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica ordenó iniciar nuevamente el juicio contra ellos. Para Amnistía Internacional (AI), lo que están haciendo los jueces es criminalizar a los defensores de derechos humanos. 

“La decisión de la Corte Superior de Justicia representa un duro golpe contra quienes defienden derechos humanos en Perú y es una muestra más de cómo las autoridades continúan aplicando la ley penal para hostigar y acallar a defensores ambientales. En lugar de criminalizarlos, las autoridades peruanas deben tomar medidas oportunas y eficaces para protegerlos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

La organización recordó que las acusaciones de la Fiscalía se basaron en el solo hecho de que los tres eran líderes sociales, por lo que los consideraron culpables de las lamentables consecuencias del conflicto: dos personas murieron y decenas resultaron heridas. Pero no tomaron en cuenta la represión policial y la declaración de 30 días de estado de emergencia en esta zona de Cusco.

En medio de la protesta del 2012, Mollohuanca fue arrestado en el propio Palacio Municipal desde donde gobernaba, en un acto arbitrario porque no había la orden necesaria y tampoco fue informado de los motivos de su detención. Además, se le juzgó en Ica, lejos de su ciudad y de dónde habían ocurrido los hechos. 

Ante este caso, la organización pide al Estado peruano a adoptar una política pública integral de protección de las personas defensoras de derechos humanos.


[Foto de portada: Agencia Andina]


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