Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que revocó la prisión preventiva que el juez Richard Concepción Carhuancho impuso al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, el lunes 30 de abril, el fiscal que los investiga por presunto lavado de activos, Germán Juárez Atoche, decidirá si insiste con la medida.
Mientras tanto, para ese mismo día se estima que ya se habrían resuelto todos los trámites administrativos que retrasaron la excarcelación de la pareja, que seguirá por ahora el proceso en su contra bajo el status que tenían hasta el 12 de julio del 2017, cuando se emitió el mandato de prisión preventiva; es decir, comparecencia restringida, sin impedimento de salida del país, pero con la obligación de reportar sus actividades cada 30 días al Poder Judicial.
Según explican fuentes del Ministerio Público que cita este sábado La República, el fallo del TC no anula el pedido de prisión preventiva contra Humala y Heredia, sino el mandato judicial en sí que aprobó la solicitud. O sea, el Poder Judicial está en la obligación de convocar a una nueva audiencia de prisión preventiva para que se pronuncie sobre el requerimiento, a no ser que la fiscalía desista del pedido, que no ha pasado.
"El pedido de prisión preventiva no fue invalidado por el TC, la defensa del ex presidente Humala no demandó la invalidez del pedido del Ministerio Público, por lo tanto, el juez debe volver a convocar a una audiencia de prisión preventiva", explicó el abogado Luciano López.
Sin embargo, en la fiscalía sostienen que es complicado sustentar un pedido de detención preventiva con los argumentos que el TC desestimó en su resolución. Por eso, en el Ministerio Público ahora revalúan si mantienen la solicitud, porque deben presentar nuevos elementos para que pueda ser admitida.
Además, en la nueva audiencia judicial de prisión preventiva, el juez Richard Concepción ya no podrá intervenir. La solicitud fiscal la deberán resolver otros magistrados, bajo los parámetros que fijó el TC en su resolución.
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