Día clave en Brasil. Este miércoles, la Corte Suprema decidirá si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva irá a prisión o si concede un "habeas corpus" preventivo para evitar su encarcelamiento, tras ser condenado a 12 años de prisión por el caso Lava Jato. Y lo hará en medio de presiones de la derecha en las calles, a las que se sumó el Ejército brasileño, cuyo comandante general, Eduardo Villas Boas, afirmó que repudia la "impunidad".

"Aseguro a la nación que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia", dijo el máximo oficial del Ejército brasileño en un mensaje divulgado en redes sociales. Luego, al menos otros tres generales de la cúpula militar respaldaron la postura de su jefe, con lo que el instituto castrense entró de lleno en el debate político. 

"Tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes!!", escribió en Twitter, el general Paulo Chagas. Previamente, otro general, Luís Gonzaga Schroeder, declaró al diario O Estado de S. Paulo que si Lula no va preso, "el deber de las Fuerzas Armadas es restaurar el orden".

La actitud de los altos mandos castrenses disparó las alarmas por un eventual golpe militar en el país. El anterior fiscal general de la República, Rodrigo Janot, quien denunció a Lula, expresó su preocupación al respecto:

 "Eso definitivamente no es bueno. Si fuese lo que parece, otro 1964 [fecha del último golpe militar] será inaceptable. Pero no creo en eso realmente".

Mientras tanto, en las calles, miles de personas, convocadas por movimientos de derecha, exigen en 50 ciudades del país el encarcelamiento del expresidente, quien fue condenado por recibir un apartamento de lujo de una constructora implicada en el escándalo de soborno de la petrolera Petrobras. 

A esto se suma el fuerte descontento social en el gigante sudamericano, por la corrupción rampante en toda su clase dirigente y la pasividad del gobierno de centro derecha del presidente Michel Temer, implicado también en hecho ilícitos.

Seguridad reforzada

Brasilia, la capital, donde está la sede del tribunal supremo que decidirá la suerte de Lula, amaneció este miércoles con la seguridad reforzada, restricciones de tránsito y unos 4.000 policías en su zona central, ante posibles incidentes que se puedan desatar tras la decisión de los 11 magistrados de la corte. 

Si el recurso del expresidente fuera aceptado, podría seguir en libertad mientras se resuelven las dos últimas apelaciones posibles, pero si se le niega iría a la cárcel en cuestión de días y se frustrarían sus pretensiones de volver a postular en los comicios de octubre a la Presidencia, en los que es favorito según la encuestas.

Pero Brasil está polarizado. Así como hay quienes quiere ver a Lula tras las rejas, hay diversos grupos que respaldan la tesis de que el líder de izquierda es objeto de una "persecución política" y han anunciado protestas frente al Supremo.

El ambiente político y social está tan crispado, que la presidenta del Supremo, Carmen Lúcia, tuvo que enviar un mensaje por televisión nacional para pedir "serenidad" en medio de "estos tiempos de intolerancia e intransigencia contra personas e instituciones". Fue un gesto sin precedentes en Brasil, en donde este lunes, más de 5.000 jueces y fiscales divulgaron un manifiesto para pedir que se mantenga el criterio judicial de que un condenado en segunda instancia, como es Lula, debe ir a prisión.

Lula por su lado ha persistido en su estrategia de presentarse como una víctima de las élites de Brasil que tratan de impedir un nuevo triunfo suyo en las elecciones de octubre, en medio de un accidentado recorrido de campaña por el sur del país, en el que incluso autobuses de su caravana llegaron a recibir disparos. Su discurso se enfoca otra vez en erigirse como la voz de las clases populares.

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