Más de 26.000 funcionarios fueron investigados en los últimos cinco años en el Perú por presunta responsabilidad administrativa, 3.600 de los cuales fueron sancionados con la suspensión o inhabilitación temporal para trabajar en el Estado, informó la Contraloría General de la República.
Del total de los sancionados, el 53% aceptó su castigo en el proceso o este fue ratificado en la última instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA). Las regiones que concentraron el mayor número de funcionarios y servidores con sanción fueron Lima (373 casos), Arequipa (236), Cajamarca (149) y Tacna (101).
La información oficial agregó que el 39 % de los sancionados en primera instancia se encuentra en proceso de apelación ante el TSRA (1.457 personas) y el restante 8 % (284) logró que ese tribunal desestime la sanción impuesta.
Las cifras comprenden el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2017.
El nuevo presidente Martín Vizcarra participó esta semana en la promulgación de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Contraloría, en una ceremonia en Palacio para mostrar "simbólicamente" el compromiso de su gestión en la lucha contra la corrupción, según dijo, pero lo cierto es que la norma —impulsada por el Congreso— ha sido cuestionada no solo porque crea un régimen de excepción que debilita el control de las acciones del Legislativo, sino que además lo convierte en la única institución del Estado que puede elegir a su propio fiscalizador.
Los legisladores como Alberto Quintanilla y Yonhy Lescano anunciaron que presentarán un pedido para que se corrija esa excepción y que la Contraloría también intervenga en el nombramiento del jefe del sistema de control del Poder Legislativo.
La ley había sido devuelta al Congreso por el Ejecutivo que presidió Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en medio de una crisis política, pero fue ratificada por el Legislativo el pasado 8 de marzo mediante el "mecanismo de la insistencia".
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