La ultima encuesta de GFK explica en parte el hartazgo del ciudadano común con la política y los políticos, resumida en una expresión —'Que se vayan todos'— que ha recobrado fuerza con la reciente crisis política que forzó un cambio en Palacio. l estudio revela que el 78% de los peruanos sospecha que el alcalde de su distrito está involucrado en hechos de corrupción.

En el centro del país, las sospechas sobre las autoridades es más alto, con 89% e encuestados que dice que la autoridad local de su jurisdicción es corrupta, frente a los peruanos del norte (81%) y sur (72%), según el estudio que publica este lunes La República. Solo un 16% cree en la corrección de su alcalde y apenas un 6% dice estar está satisfecho con la gestión edil.

En Lima, la capital, donde gobierna Luis Castañeda, la satisfacción con su labor se reduce a 4%, mientras que el 77% de encuestados cree que alcalde capitalino sí recibió dinero de Odebrecht para su campaña, mientras que el 16% dice que no y el 7% no respondió. En tanto, un 76% sospecha que el burgomaestre también podría haber recibido dinero de alguna otra constructora, mientras que solo el 16% piensa que no recibió coima y el 9% optó por no opinar.

La percepción negativa que tienen los electores de Castañeda Lossio influyó en la aprobación de su gestión, que cayó por segundo mes seguido: de 36% pasó a 34%; su desaprobación subió de 62% a 64%, según GFK.

La antecesora de Castañeda, la exalcalde Susana Villarán, sale peor parada en elsondeo, ya que para el 92% de ellos, recibió financiamiento de Odebrecht para sus campañas electorales, tanto para su elección como para evitar su revocatoria. Solo el 4% opina lo contrario y otro 4% no precisa. Y sobre las presuntas coimas de la constructora brasileña a la exburgomaestre cuando gobernaba la ciudad, el 88% cree que esta no es una sospecha sino una certeza.

El estudio también revela que el 57% de los encuestados no ve en las próximas elecciones municipales y regionales una oportunidad de ejercer su ciudadanía, sino como una pérdida de tiempo y una obligación para evitar el pago de la multa.

Por último, la encuesta, realizada entre el 17 al 20 de marzo, confirma el fuerte rechazo al trabajo del Ministerio Público (70%), del Poder Judicial (77%) y de la gestión de Luis Galarreta (68%) como presidente del Congreso.

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