El gobierno del conservador Sebastián Piñera modificó el protocolo de aplicación de la ley de aborto en tres causales aprobada por su antecesora, Michelle Bachelet, para facilitar que instituciones privadas apelen a la "objeción de conciencia" y no practiquen la interrupción del embarazo. 

A través de un decreto emitido el viernes -a solo dos semanas de haber asumido el gobierno-, el Ministerio de Salud eliminó un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos en caso de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal.

El anterior protocolo rescindía los convenios pactados entre el Estado y aquellas instituciones privadas que apelaran a la objeción de conciencia para no practicar los abortos.

El nuevo protocolo reduce también los requisitos exigidos a las instituciones, al excluir la necesidad de justificar "en base a creencias, valores, idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos" la decisión de objetar.

Para organizaciones defensoras de lo que supuso la lucha por alcanzar este derecho de las mujeres y autoridades del gobierno de Bachelet, que promulgó la ley de aborto terapéutico en septiembre del año pasado, la nueva regulación representa un boicot a la normativa.

"El nuevo protocolo para la aplicación de la ley de aborto en tres causales es un boicot ideológico y antidemocrático del actual gobierno, que busca por vía administrativa frenar una ley que contó con apoyo mayoritario", criticó la diputada del Partido Comunista Karol Cariola.

"Se están relajando y rebajando los estándares de la ley", afirmó de su lado Claudia Pascual, ministra del Servicio Nacional de la Mujer del gobierno de Bachelet que, con la promulgación de esta normativa, sacó a Chile del pequeñísimo grupo de países en los que la interrupción del embarazo no estaba permitida en ninguna forma.

No obstante, para el actual ministro de Salud, Emilio Santelices, este cambio de protocolo "busca corregir una distorsión que introducía el propio reglamento al establecer un vínculo (económico) entre la atención de cualquier índole y la objeción de conciencia".

En agosto del 2017, la ley fue llevada incluso hasta el Tribunal Constitucional, hasta donde la derecha la llevó, máxima instancia que declaró inviables los argumentos para oponerse a ello. Sin embargo, si dejó abierta la posibilidad de evaluar la llamada "objeción de conciencia personal".

con información de andina y telesur


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