El Pleno del Congreso aprobó el jueves la Ley Marco de Cambio Climático del Perú, con lo que el Perú se convierte en el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe en contar con una norma de este tipo, que permite articular acciones para la lucha contra este flagelo en nuestro país, al fijar las funciones y responsabilidades de los diferentes sectores y niveles de gobierno.
La medida aprobada por unanimidad —con 94 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra— establece "el carácter obligatorio de los instrumentos de gestión integral del cambio climático", con lo que el compromiso nacional de Perú de reducir hasta en 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 tendría carácter vinculante.
"Los peruanos somos testigos de un hecho histórico: la Ley Marco de Cambio Climático nos permite mirar con optimismo nuestro futuro y hacerle frente al cambio climático unidos y firmemente convencidos que un país climáticamente responsable es un país que crece", sostuvo la ministra del Ambiente, Elsa Galarza.
La ley es clave, en un contexto en en el que más de 190 países que ratificaron el Acuerdo de París, entre ellos Perú, están revisando sus compromisos con miras a proponer mejores y más ambiciosa medidas en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, COP 24, prevista para diciembre de este año.
"Desde el 2014 la sociedad civil viene promoviendo una Ley Marco de Cambio Climático. El año pasado se contó con una propuesta desde el sector ambiente, que junto otras fue priorizada por el Congreso", dijo Iris Olivera, coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), organización que impulsó la referida ley.
Esta norma, sumada a otras iniciativas, busca además que empiece a disminuir el grave problema de la deforestación, una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú, precisó Olivera.
La ley también incorpora el análisis de riesgo climático y vulnerabilidad en las inversiones públicas y privadas sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que impulsaría inversiones más sostenibles.
Destaca también la inclusión de los gobiernos regionales en la gestión del cambio climático, aunque queda pendiente definir los mecanismos descentralizados que permitan una mejor participación de las regiones, explicó al representante de DAR.
[Foto de cabecera: Oxfam]
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