Cuenta regresiva. Este lunes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó el pedido de extradición activa contra el expresidente Alejandro Toledo, prófugo de la justicia en Estados Unidos desde que se le dictó órdenes de prisión preventiva por los casos Odebrecht y Ecoteva. La sala, presidida por el juez supremo César San Martín, dejó al voto el pedido del Ministerio Público y dio a conocer que el 13 de este mes se anunciará si procede o no dicha solicitud.

Durante la audiencia, la fiscalía suprema y la Procuradoría argumentaron el requerimiento contra el exmandatario, acusado de recibir US$20 millones de Odebrecht para favorecerlo con la carretera Interoceánica. El representante de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, Abel Salazar, resaltó que Toledo desarrolló diversas medidas a favor de Odebrecht y que lograron dificultar la intervención y competencia de terceras empresas.

En ese sentido, Salazar justificó que las atribuciones realizadas por la fiscalía contra el exjefe de Estado sí aplican ya que este "tuvo un grado de participación" por la buena pro de la Interoceánica Sur. "El expresidente actuó prácticamente de sastre y le hizo un traje que le quedó perfecto a la compañía Odebrecht para que se apropiara de una licitación fuera de los reglamentos", indicó el fiscal al referirse a las resoluciones y decretos relacionados con el proyecto (tramos 2 y 3), exoneración del SNIP y reducción de exigencias normativas.

"El extraditable (Toledo), en todo momento desarrolló una actividad de dominio del hecho, manejando los aportes y sus transferencias abriendo una serie de razones sociales en la República de Costa Rica", indicó.

La procuraduría ad hoc sustentó a su turno que la acción penal o la pena a imponer en contra deToledo, no ha prescrito. "El cuaderno de extradición formulado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria cumple con todos los requisitos del Tratado de Extradición", señaló.

En tanto, Roberto Su, abogado de Toledo, señaló que el Ministerio Público no ha conseguido pruebas sólidas para corroborar la versión de Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht en Perú y del empresario israelí Josef Maiman. De esta manera, justificó que no se ha contrastado las transferencias bancarias del supuesto aporte ilícito que habrían efectuado Odebrecht y Maiman por medio de cuentas 'off-shores'.

Es importante resaltar que la situación de Toledo se ha complicado aún más tras la declaración dada por Barata a los fiscales peruanos en Sao Paulo, en donde reveló que aportó US$700 000 para su campaña presidencial del 2011. Dicho monto fue entregado a Avi Dan On, jefe de seguridad de Palacio durante la gestión de Perú Posible.

(Foto de cabecera: La República)

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