El proyecto de ley 2450 que propone que se incorpore en el Código Penal el "delito contra la libertad religiosa y de culto", que se sancionará además con una pena de cárcel de hasta 15 años, ha recibido críticas de diversos sectores progresistas. El periodista Raúl Tola señaló que esta iniciativa “es un disparate que parece salido de los años de inquisición”, el cual pretende regresarnos al “medievo”.

En tanto, el congresista de Fuerza Popular Carlos Tubino, promotor de la iniciativa, sostuvo que todavía falta mucho que debatir sobre su proyecto que modifica el Título IV del Código Penal, referido a los delitos contra la libertad, y que busca crear el delito contra la libertad religiosa y de culto.

"Es un tema que debe debatirse y me parece muy bien que se haga en el Congreso de la República", indicó Tubino en declaraciones a Canal N.

En esa línea, dijo esperar que la Mesa Directiva del Congreso derive el proyecto de ley a la Comisión de Justicia por tratarse de temas relacionados con el Código Penal. "Toda ley que se aprueba en el Congreso para su ejecución debe tener su reglamento. En segundo lugar, cuando hablamos de infringir el Código Penal, va a ser decisión de un juez. No soy yo ni un congresista quien va a determinar (qué es un insulto religioso)", explicó.

Tubino intentó sacarse todo el peso de encima al recordar que su iniciativa cuenta con la firma de otros colegas de su bancada, pero admitió que su propuesta no se ha debatido aún dentro de Fuerza Popular. "No son personas que están como coautores de este proyecto de ley. Coyunturalmente estaban ese día en la Comisión Permanente y necesitaba las firmas", precisó.

Lo cierto es que de aprobarse dicha iniciativa legislativa, el Perú se convertiría en el primer país de la región que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión de las personas, colectivos o incluso medios de comunicación que cuestionen o critiquen a grupos religiosos y sus líderes. 

Considerando que la libertad religiosa ya está garantizada en la Constitución, pero tal como está planteado el proyecto, este puede afectar los derechos de quienes disienten de una creencia. O dicho de otra forma, lo que Tubino y compañía parecen querer es evitar que los no creyentes cuestionen sus creencias religiosas.

(Foto de cabecera: Andina)

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