Enfrentados por la ley. El argumento que utilizó el Ejecutivo para observar la ley que presentó la Contraloría General de la República (CGR) es que se trata de un texto distinto, que carece de justificación y discusión técnica. Como se sabe, este proyecto tenía el fin de modernizar el Sistema Nacional de Control.

"No se evidencia estudio legal o técnico previo de ninguna entidad ajena al propio Congreso, por lo que se debería eliminar dicha excepción", se lee en el oficio N°034-2018-PR, firmado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la primera ministra Mercedes Aráoz.

El cuestionamiento está dirigido particularmente a los artículos 19º y 33º de la propuesta de la Contraloría. Uno está referido a la modificación que "excluye la designación de los jefes y personal de control del Congreso de la República, la cual no fue solicitada en el proyecto presentado por la contraloría".

Según el comunicado compartido por la Presidencia de la República, el Congreso aprobó modificar el artículo 19 del proyecto, retirándole a la Contraloría la facultad de nombrar por concurso público al jefe del Órgano de Control Interno (OCI) del Poder Legislativo, ente encargado de supervisar a los funcionarios, en este caso, a los congresistas.

La otra modificación cuestionada por el Gobierno está referida a la creación de dos vicecontralorías, la cual tampoco estaba incluida en el proyecto original del órgano de control. “

Se desprende que la implementación de tales vicecontralorías generará gasto público, lo que contraviene el artículo 79 de la Constitución Política que establece que 'los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos'", indica el texto del Ejecutivo.

“Nosotros apoyamos el fortalecimiento de la Contraloría General de la República. Nuestra objeción es a la creación de gastos sin financiamiento. Todas las instituciones del sector público, incluyendo el Congreso, deben ser fiscalizadas tal como lo dispone la Constitución Política”, dijo Kuczynski en Twitter.

Igualmente, la jefa del gabinete, Mercedes Aráoz, precisó que el Ejecutivo observó la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República, “al no estar debidamente sustentado” los dos aspectos mencionados. Sin embargo, aclaró que la observación no contradice la voluntad del gobierno en la luchar en contra de la corrupción.

Sin embargo, para el contralor Nelson Shack es lamentable que el Ejecutivo haya observado la ley cuando la propuesta legal ya tenía el consenso y aprobación del Congreso. 

“No promulgar esta importante ley aprobada con el absoluto consenso del Parlamento implica un retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional y posterga innecesariamente el inicio del proceso de reestructuración organizacional de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control”, manifestó  el funcionario.

Shack no dudó en manifestar su preocupación por la decisión del presidente, pues considera que postergar su promulgación “genera un retroceso en la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción en el Estado".

"No promulgar esta importante ley, aprobada con el absoluto consenso del Parlamento, implica un retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional y posterga innecesaria e ilógicamente el inicio del proceso de reestructuración organizacional de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control", expresó Shack en una nota de prensa.

(Foto de cabecera: Exitosa)

Notas relacionada: