La Comisión Permanente del Congreso de la República incluyó en la agenda oficial de temas que evaluará este en su sesión de este miércoles el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón.
Se desconoce si el informe sobre el referido caso será finalmente aprobado en la Permanente, pero si es ocurre, el Congreso, controlado por el fujimorismo, estaría desacatando una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado peruano y que dispuso archivar el proceso acusación constitucional contra los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda, Carlos Ramos y Marianella Ledesma.
Tras el pronunciamiento del tribunal supranacional, el presidente del Congreso, el legislador fujimorista Luis Galarreta, rechazó el fallo y exigió al mandatario Pedro Pablo Kuczynski que, como jefe del Ejecutivo, tome acciones contra la Corte IDH . Luego convocó a la Junta de Portavoces parlamentarios, donde se concluyó que el fallo era inaplicable y se acordó solicitar a una "aclaración" al tribunal de San José.
El informe que fue incluido en la agenda de este miércoles recomienda acusar por infracción constitucional a los magistrados mencionados. Para el caso Espinosa-Saldaña se aconseja su destitución e inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública y que se le acuse por el presunto delito de prevaricato; para los otros tres —Miranda, Ramos y Ledesma— se solicita una suspensión por 30 días.
Los cuatro magistrados del TC emitieron una resolución aclaratoria sobre el caso El Frontón, porque consideraron que hubo un "error material" en el conteo de votos en el fallo que emitió el colegiado el 2013, el cual se dictó a raíz de un hábeas corpus de exmarinos acusados de matar presos por terrorismo en junio de 1986.
Espinosa-Saldaña, Miranda, Ramos y Ledesma son acusados de variar el sentido del voto del exmagistrado Juan Vergara Gotelli en el fallo del TC del 14 de junio del 2013, que había resuelto que procedía el juicio en contra de los responsables de las ejecuciones de terroristas presos en El Frontón, pero que no constituía un caso de lesa humanidad, con lo cual los cargos prescribían en el 2006, es decir, a los 20 años de ocurridos los hechos.
Los exmarinos implicados en esa matanza no solo pidieron su reposición ante el mismo TC, sino que presentaron una denuncia constitucional en el Congreso contra los referidos magistrados que derivó en el informe que este miércoles la Comisión Permanente ha puesto en agenda.
La resolución aclaratoria de los magistrados procesados consideraba que el caso sí constituía lesa humanidad y el Poder Judicial, al abrir instrucción contra los 23 marinos, también estableció que la matanza de El Frontón lo era, con lo cual jamás prescribe.
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