En medio de las protestas de los vecinos contra la gestión del alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, un problema más se suma para la comuna de este distrito del sur de Lima. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente (MInam) ha denunciado penalmente a funcionarios ediles de ese municipio por el mal manejo de la limpieza de residuos sólidos que se ocasionó en la playa La Herradura.

El Minam informó que la denuncia fue interpuesta contra el representante legal de la municipalidad la semana pasada. La misma incluye a los que resulten responsables por “los delitos de contaminación en la modalidad de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos y por responsabilidad de funcionario público”.

Si bien es la primera acción que el Minam interpone contra a Municipalidad de Chorrillos, se debe considerar que al convertirse la referida playa en un botadero municipal, contamina severamente la vida y los recursos marinos. De hecho, esta situación puede generar riesgo en la salud de los bañistas

La playa es muy visitada por personas que practican surf, incluso sus olas tienen un reconocimiento y protección legal. La Resolución Directoral N° 1306-2016-MGP/DGCG del 28 de diciembre de 2016, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) aprobó la inscripción y protección de la rompiente denominada “La Herradura”.

Es evidente que la gestión de Miyashiro no actúa de manera responsable de acuerdo a la Ley N° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la cual establece que las municipalidades distritales tienen la función exclusiva de proveer el servicio de limpieza pública, evitando la acumulación de residuos sólidos. Esta mala conducta del municipio chorrillano también puede ser sancionada vía administrativa por la DICAPI y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En los últimos días, un grupo de manifestantes vienen protestando por la falta de seguridad y de obras en el municipio que dirige Augusto Miyashiro, a raíz de la muerte de un niño de 8 años en un parque del distrito al caerle una estructura sin mantenimiento. De otro lado, denuncian malos manejos del dinero para la ejecución de obras que estaría siendo destinado para la campaña política del alcalde.

DATO

✔ El delito de responsabilidad de funcionario público puede tener pena privativa de la libertad entre cuatro a siete años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

(Foto de cabecera: Minam)

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