Luego de casi 120 días de protesta, el 15 de diciembre del 2016 organizaciones indígenas de las cuencas del Pastaza, Marañón, Tigre, Chambira y Corrientes firmaron un acta (Acta de Saramurillo) con el entonces ministro de la Producción, Bruno Giuffra, quien lideró la segunda etapa del proceso de diálogo intercultural político para solucionar la paralización y toma de ríos de las llamadas cinco cuencas de Loreto. Fueron 31 acuerdos, ratificados posteriormente por el entonces titular de la Presidencia del Consejo de Ministros Fernando Zavala.
Entre lo que se acordó en el 2016 figura el estudio independiente del Oleoducto Norperuano; la implementación de una ley del monitoreo ambiental; la remediación integral de los lotes 8 y 192; la revisión de las obligaciones de la empresa Pluspetrol en el lote 8 (su contrato finaliza en el 2024); un plan de vida indígena que los compense por 40 años de actividad petrolera; la implementación de una Comisión de la Verdad.
En enero del 2017 se creó la “Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de elaborar un informe técnico que contenga un Plan especial de desarrollo e inversión integral que permita mejorar la calidad de vida de las localidades de los distritos de Urarinas, Parinari, Andoas, Trompeteros y Tigre, del departamento de Loreto”. Era el cumplimiento del acuerdo 13, un paso importante, pero -al cabo de un año- insuficiente.
Que no criminalicen su protesta y sobre todo que apliquen medidas urgentes para asegurar que el agua sea apta para el consumo humano, porque aseguraron que el agua de los ríos está envenenada por el derrame de petróleo.
Trece meses después de la firma del acta, las organizaciones indígenas indican que muy poco se ha avanzado y que los principales acuerdos no han sido cumplidos, y desde el 5 de febrero reiniciaron sus protestas.
"Somos más de 3.000 indígenas de las cinco cuencas que hemos reiniciado un paro indefinido y por el momento hemos bloqueado los ríos Ucayali, Marañón y Corrientes", dice a LaMula.pe José Fachín, asesor de la Federación de Pueblos Indígenas de las Cinco Cuencas. Además de los ríos, algunas carreteras están bloqueadas, como por ejemplo la que une Iquitos con Nauta.
No obstante la protesta, Fachín señala que seguirán apostando por el diálogo, pero con la cabeza de la PCM, Mercedes Aráoz. Pues los funcionarios que suelen ser enviados a las zonas de conflicto "no tienen poder de decisión".
Por su parte, el viceministro de Gestión Territorial de la PCM, Carlos Loret de Mola, ha indicado que el gobierno tiene la predisposición del diálogo y este jueves 8 hubo un acercamiento entre las partes. Fachín contó a LaMula.pe que ingresaron junto con representantes de la fiscalía y capitanía a las zonas de protesta para empezar conversaciones. "Mientras no haya solución, varias barcazas y motonaves seguirán retenidas", subraya.
Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que luego del acta de 2016 se han cumplido con 22, y que los demás están en proceso de concretarse.
Nuevos protagonistas
A diferencia del 2016, algunos sindicatos y gremios de Iquitos, de Pucallpa y otras localidades se han sumado a la lucha de los pueblos indígenas con sus propias demandas y reivindicaciones. Por ejemplo están quienes se oponen a un proyecto de hidrovías, para las que se exigirían peaje. Esto -aseguran- encarecerá los pasajes en los ríos amazónicos y ello ha causado mucho malestar en comerciantes y usuarios regulares.
