El Perú ya cuenta con un seguro catastrófico que cubrirá las pérdidas derivadas de terremotos, con una protección financiera de hasta US$ 200 millones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El seguro adquirido por primera vez en la historia del país brinda protección ante siniestros de baja frecuencia y alta severidad, y permite transferir el riesgo de este tipo de eventos a los mercados financieros internacionales y complementa la cartera de instrumentos financieros dentro de la política nacional de Gestión de Riesgos.
Este seguro fue contratado con el Banco Mundial el último 2 de febrero, a través de la emisión de un bono catastrófico, en asociación con los países de la Alianza del Pacífico y la entidad multilateral, precisó el MEF.
El bono catastrófico contra terremotos contratado por el Perú dura tres años, por los cuales se paga una prima anual. La cobertura para el país abarca desde terremotos de 7 ó más grados en zonas donde se estiman las mayores pérdidas económicas y sociales.
Los desembolsos se darán cuando un sismo cumpla con los parámetros de ubicación y magnitud estipulados en el contrato de seguro y publicados por Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).
Los montos están estructurados en función a la severidad del terremoto y pueden ir desde el 30% hasta el 100% del principal, y serán transferidos al Fondo de Desastres (FONDES) para cubrir los gastos de emergencia ante un desastre sísmico con derecho a cobertura.
"Si bien es la primera vez que el Perú adquiere este tipo de instrumento de cobertura y transferencia internacional de riesgo de desastres, se obtuvo la mejor prima por riesgo exigida por inversionistas, reflejo de la solidez de la economía peruana", dijo la Viceministra de Hacienda, Rossana Polastri.
La adquisición del seguro se da en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que establece que el MEF está a cargo de la estrategia de gestión financiera con cobertura a nivel nacional según el principio de subsidiariedad.
La gestión de la operación se hizo en colaboración con AIR Worldwide, firma internacional modeladora de riesgos catastróficos, la cual fue financiada por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos —Cooperación Suiza (Seco).
