La investigación en curso del fiscal José Domingo Pérez respecto a los aportes de campaña de 2011 y 2016 que recibió Keiko Fujimori, quien busca —por segunda vez— frenar esas pesquisas, avanza y empieza a generar más de una sospecha, sobre todo por el dinero que entró a las arcas de Fuerza Popular desde Estados Unidos, vía empresas o entidades bajo sospecha.

Una de ellas es, como se sabe, LVF Liberty Institute, que fue constituida en el estado de Delaware por el peruano Juan Luna Frisancho, quien fungió de recaudador de los aportantes del fujmorismo residentes en EEUU. Resulta que las explicaciones que ha dado al Ministerio Público Keiko Fujimori y la dirigencia de su partido al respecto abonan más dudas que certezas.

El fiscal Pérez tuvo que recurrir al Departamento de Estado estadounidense para requerir información sobre la organización, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público citadas por la revista Hildebrandt en sus Trece, con el fin de conocer la identidad de todas las personas que aportaron a la campaña de Keiko Fujimori, datos que hasta ahora, tanto LVF Liberty como Fuerza Popular, se han negado a entregar, bajo el argumento de que la ley no los obliga.

Juan Luna, representante de LVF Liberty, tiene un vínculo estrecho con la familia del ex secretario general del partido fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka, quien fue el jefe de campaña de Keiko Fujimori en 2011 y también está incluido en la investigación fiscal por los aportes en ese periodo.

Pero no solo fue LVF Liberty Institute la única entidad en Estados Unidos que financió a Fuerza Popular: hay otras entidades con sede en este país que aportaron a las campañas de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, las que también están bajo sospecha, porque se tiene poca, nula o información contradictoria sobre ellas, según documentos del Ministerio Público a los que tuvo acceso Hildebrandt en sus Trece.

Una de ellas es Pan American Nikkei Association of USA, con oficinas en Los Ángeles. Su actual presidente es el peruano Fernando Suenaga Ríos, quien postuló a la alcaldía de Pueblo Libre por el viejo partido fujimorista Cambio 90. Según datos de la ONPE, esta organización entregó 27.520 soles.

La otra es Andean Sun Produce, que tiene sede en Miami y vinculada a los empresarios peruanos Manuel Masías Marrou y Estuardo Masías Málaga, dueños de La Calera. La empresa donó 70.750 soles y Estuardo Masías, a título personal, 542.668 soles, según el registro oficial de aportantes.

El fiscal Pérez también investiga a la empresa Caribe Celular, distribuidora de celulares que funciona en Miami, la cual entregó 13.749 soles. El dueño es una persona identificada como José M. Vega.

Otra de las organizaciones bajo sospecha es Fujimoristas Unidos Usa, la cual tiene entre sus líderes a Jorge Béjar Aybar, recordado porque estuvo junto a Alberto Fujimori el día que salió de Japón rumbo Chile. Béjar aportó 24.068 soles a la campaña de la hija mayor del hoy indultado autócrata.

Bajo escrutinio aparecen otros dos empresas extranjeras: Kotobukitsusho, con sede en Hawái, la cual donó 33.876 soles; y Takagi Company, la cual opera en Japón, con un aporte de 67.752 soles.

Fuerza Popular alega que es suficiente con haber reportado las donaciones a la ONPE, pero se niega a entregar los documentos que acrediten el origen lícito de los fondos recibidos, especialmente desde Estados Unidos, en las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Los estudios de Keiko

El fiscal José Domingo Pérez también tiene bajo la lupa el financiamiento de los estudios en Estados Unidos de Keiko Fujimori, quien no usó el dinero que le dio su padre, supuestamente de una vivienda que vendió, para pagar su carrera en la Universidad de Boston o la maestría que hizo en Columbia.

Esos fondos, la hoy jefa de Fuerza Popular los depositó en una cuenta fija para ganar intereses en el Citibank, pero nunca demostró que ese dinero lo usó para sus estudios.

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