Tal como estaba previsto, el Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría la ley que impide la postulación de sentenciados por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación sexual para las elecciones regionales y municipales de este año, con 93 votos a favor, nueve en contra (del Frente Amplio) y solo una abstención (Yonhy Lescano).
Y lo hizo al límite, porque el Legislativo tenía plazo para aprobar la medida hasta este martes, un día antes de la convocatoria a las elecciones locales y regionales 2018. En noviembre pasado, el Parlamento aprobó que para los comicios de este año solo se podrían promulgar leyes hasta un día antes de la convocatoria del proceso. Por ello, la representación también aprobó que se exima del trámite para la inmediata publicación de la ley.
La norma aprobada subsana las observaciones que hizo el Ejecutivo a la autógrafa que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Elecciones Regionales, y la Ley de Elecciones Municipales, aprobada el 2 de noviembre del 2017, en el que se excluía de la prohibición a quienes hubiesen recibido "indulto razonable o especial".
Ahora, las personas condenadas por terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación sexual que hayan recibido el beneficio del indulto —que perdona la pena pero no el delito— también estarán impedidas de postular y ocupar cargos públicos de elección popular.
En el debate, el ahora legislador exoficialista Alberto de Belaunde criticó la observación que hizo el Gobierno a la autógrafa y pidió que el Parlamento apruebe la norma por insistencia y no por allanamiento. "¿Qué pasaba con las personas que eran indultadas por haber sido condenadas injustamente? Hay muchas personas llamadas terroristas siendo inocentes", alegó.
Por el contrario, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén saludó que se haya acogido la observación del Ejecutivo. "Ese indulto razonado no nos obliga de ninguna manera. Así como somos firmes para impedir que los condenados por corrupción no sean nuevamente autoridades políticas elegida por el voto popular, ¿por qué los indultados por terrorismo —que muchos de ellos no han tenido la posibilidad de arrepentirse y siguen actuando— les vamos a habilitar el camino para que sean candidatos? ¡No! La democracia no puede ser boba", dijo.
Por su lado, las legisladores Marisa Glave e Indira Huilca, ambas de Nuevo Perú, propusieron —sin éxito— una "fórmula alternativa que permita subsanar cualquier tipo de restricción a los derechos políticos de quienes fueron encontrados inocentes de procesos que no se llevaron siguiendo el debido proceso a base de puro testimonio sin mayor fundamento. Eso nos colocó una precarización de los derechos humanos".
DATOS
✔ Con esta ley en cuestión, se evitarán casos como el Waldo Ríos, quien fue elegido gobernador de Áncash en los comicios del 2014, pese a que tenía una condena del 2008 por cohecho pasivo y receptación. Ya en el cargo, en el 2016, fue condenado otra vez, pero por colusión y peculado.
✔ Otro caso que evidenciaba la necesidad de la norma es que, por ejemplo, el exalcalde Ricardo Chiroque, preso hasta el 2014 por corrupción, ya no podrá volver a postular a la Alcaldía de San Juan de Lurigancho como lo había anunciado.
