Más de 6.000 personas de Lunahuaná, al sureste de Lima, no tienen agua potable hace más de 10 meses, y están usando agua del río Cañete para su consumo, debido a que en el 2017 las lluvias y huaicos provocados por El Niño costero destruyeron su reservorio.
A casi un año de ese desastre natural que asoló Lunahuaná, uno de los principales destinos turísticos de la Región Lima, la autoridades locales no han hecho nada, denunciaron ciudadanos y empresarios del lugar, cuya mayor sustento es justamente el turismo.
La situación, añaden, es especialmente delicada porque está por comenzar la temporada de lluvias y el aumento del río enturbiará el agua, lo que es muy peligroso para la salud de sus habitantes y visitantes.

Los estragos del niño costero aún se sienten este polo turística, un año después. (Andina)
Lunahuaná además será una de las sedes de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En el río Cañete se disputarán las competencias de Canotaje Slalom, pero sin agua potable para las delegaciones de deportistas y los visitantes es complicado que hayan las condiciones para que se realice la competencia.

Así es el agua que se usa en lunahuaná. (Difusión)
Denunciaron que el principal responsable de esta situación es el alcalde, Félix Vicente Villalobos, quien además le dio prioridad a la construcción de la carretera Catapalla, obra que costó 1.5 millones de soles, y no solucionó el problema del agua potable para el distrito.
Ante la inacción de las autoridades competentes, los afectos han iniciado una campaña llamada en redes sociales bajo el hashtag #AGUAPARALUNAHUANÁ, con el objetivo de sensibilizar al gobierno y buscar una solución a corto plazo.
La situación descrita provocó la renuncia de toda la junta administradora del agua potable de Catapalla (que administra el recurso para los anexos de Lunahuaná), en diciembre de 2017. Este grupo, que era presidido por Jaime Vera Cárdenas, explicó que el motivo de su dimisión fue la falta de interés municipal para dar solución al problema del agua, además de los presuntos actos de corrupción en obras y licitaciones.
[Foto de cabecera: El Comercio]