La defensa legal de las víctimas y deudos del régimen de Alberto Fujimori ya afina la estrategia con la que darán la batalla contra la impunidad, tanto en Perú como en el exterior, por el cuestionado indulto que recibió por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta; y el derecho de gracia, que cierra los procesos en curso, como la matanza de seis pobladores de Pativilca.
En principio, son dos frentes en los que está previsto librar esa lucha. Por un lado, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que representa a las víctimas, presentará este miércoles un pedido al Poder Judicial para que se realice una audiencia de control constitucional de la resolución en la que se formaliza el beneficio a Fujimori, en el extremo referido al derecho de gracia, debido a que es inconstitucional, como lo han señalado juristas.
¿La razón? La Constitución, en su artículo 118, inciso 21, dice de forma expresa que el presidente de la República puede ejercer el derecho de gracia en beneficio de procesados cuando la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.
Así, en el caso Pativilca, deben pasar al menos 24 meses, que se cuentan desde que Chile amplió el pedido de extradición de Fujimori, plazo que no se ha cumplido. El autócrata comenzó a ser procesado por esta matanza en febrero de este año, y el fiscal César Landa presentó recién en julio la denuncia respectiva ante el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, que está a cargo de la jueza Miluska Cano.
Diego García Sayán, extitular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), subrayó —citado por La República— que en este caso, claramente, no se han cumplido los plazos. "Lo que hace esa parte de la resolución inaplicable desde el punto de vista del derecho", anotó el jurista, tras precisar que ningún juez puede cumplir esa resolución "porque estaría violando la Constitución".
Frente externo
La justicia supranacional es el otro frente al que las organizaciones de DDHH recurrirán. Acaban de enviar dos comunicaciones informando a la Corte IDH del beneficio a Alberto Fujimori, el contexto político en el que se dio (la abstención de 10 congresistas liderados por Kenji Fujimori que salvó a Kuczynski de la vacancia presidencial), los vicios en el trámite del indulto, desde la inclusión del doctor del autócrata en la junta médica que lo evaluó, la falta de transparencia y la celeridad con que se resolvió.
Incluso, Gloria Cano, directora de Aprodeh, anunció también que pedirán una audiencia de control de convencionalidad, o sea, con la Convención Americana de DDHH y la jurisprudencia de la Corte IDH, en el marco de la supervisión que ejerce este ente supranacional sobre el cumplimiento de sus sentencias por Barrios Altos y La Cantuta, informó La República.
Así, es probable que la Corte IDH aborde el caso Fujimori en su período de sesiones de febrero del 2018 en San José. La defensa de las víctimas espera que el tribunal supranacional emita una disposición que permita la nulidad de la resolución suprema en base a la jurisprudencia que ha tenido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra la impunidad.
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