El Congreso de Argentina necesitó más de 17 horas para debatir y aprobar, finalmente, la polémica reforma de pensiones promovida por el presidente del país Mauricio Macri. Y lo hizo en medio enorme escándalo político, de fuertes protestas y una huelga general convocada por la mayor agrupación sindical, la Confederación General de Trabajadores (CGT), que finalizó este martes con parte de la red de transportes paralizada, aeropuertos parados y alguna avenidas de Buenos Aires con el tráfico interrumpido.

La polémica reforma se aprobó con 128 votos a favor y 116 en contra, con el apoyo de algunos peronistas, al segundo intento, luego de que el pasado jueves la sesión plenaria se suspendiera en medio de graves disturbios en las calles. El fracaso inicial, cuando el Gobierno no consiguió quórum para iniciar la sesión, obligó a Macri a pactar con el peronismo los votos.

Pero esta vez, las protestas volvieron con violencia. Los choques entre la Policía con miles de manifestantes a las puertas del Congreso y después por todo el centro de Buenos Aires fueron más graves todavía, pero Macri dio la orden de seguir la sesión y logró que se aprobara ya por la mañana del día siguiente, después de una tensa madrugada con cacerolazos por toda la ciudad y un ambiente de protesta masiva y tensión que no se vivía desde el 2001, cuando la crisis del corralito se saldó con 38 muertos y el entonces presidente Fernando de la Rúa se vio obligado a renunciar.

Los policías recibieron una lluvia de piedras. Respondieron con gases y balas de salva. (efe)

En medio, la oposición kirchnerista, que exigía al Gobierno que suspendiera la sesión y la aliada del gobierno Lilita Carrió hablaba de "golpe de Estado" cuando los manifestantes estuvieron a pasos de la puerta del Congreso, pero fueron neutralizados por la policía local. La represión fue muy dura hasta que lograron recuperar el control de la plaza. La jornada dejó 162 heridos, entre ellos 88 policías.

Con la polémica reforma aprobada se cambia la fórmula para actualizar las pensiones en Argentina y hará perder poder adquisitivo a los jubilados en un país con un 25% de inflación, la segunda más alta de la región, luego de Venezuela. El Gobierno pretende ahorrar 60.000 millones de pesos (US$ 3.300 millones) con la medida, pero supone un gran desafío para Macri, por el rechazo que genera entre los argentinos cualquier cambio que suponga un recorte de los ingresos. La nueva fórmula aprobada define el porcentaje de aumento según la subida de los salarios formales y la inflación, incluye actualizaciones trimestrales.

"Toda esa violencia que vimos fue orquestada, no fue espontánea, y la vamos a enfrentar junto a la Justicia", dijo el jefe de Estado luego de la aprobación de la reforma provisional, a la cual defendió:

"Lo que hemos hecho con esta reforma es garantizar, durante los próximos años, una fórmula que los defienda contra la inflación (...) Van a estar mejor [los jubilados] que lo que están este año".

A la movilización en las calles se sumó una huelga general que convocó la  CGT, la central peronista más poderosa del país, que puso fin a la tregua que mantuvieron hasta ahora con el Gobierno. El colapso en las carreteras de la ciudad fue evidente. Las inmediaciones de la céntrica Plaza de Mayo, así como las avenidas que conducen al Congreso, estuvieron cortadas al tránsito por razones de seguridad, ante la agitada y violenta confrontación producida entre la Policía de la ciudad y manifestantes.

Este martes, los dos principales aeropuertos de Argentina, el Aeroparque Jorge Newbery, para vuelos regionales, y el aeropuerto internacional de Ezeiza, reanudaron sus funciones técnicas y de administración a partir del mediodía local, cuando las aerolíneas empezaron a reprogramar vuelos.

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