El presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, cuestionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de una resolución suscrita por su titular, Roberto Caldas, haya ordenado suspender el proceso que contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón.
La medida de protección para los jueces del TC es provisional, debido a la inminente sanción que el fujimorismo, gracias a su mayoría absoluta, está a punto de aprobar, luego de que la semana pasada, en la Subcomisión de Acusaciones Constituciones del Congreso, se aprobará el informe que pide destituir al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña e inhabilitarlo por diez años, y suspender por 30 días a sus Marianella Ledesma y Carlos Ramos.
La suspensión es hasta febrero del 2018, cuando el pleno de la Corte IDH se reúna para resolver el tema, en el marco de la supervisión del fallo que dictó por la desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, durante el develamiento del penal El Frontón, en junio de 1986.
Galarreta alegó que si bien el proceso, que está pendiente de votación en la Comisión Permanente y el Pleno del Parlamento, aún no se ha iniciado, el Parlamento evaluará la resolución del titular del tribunal supranacional pero adelantó que prevalecerá "de nuestro fuero nacional, de nuestra autonomía como país". Es decir, dejó entrever que no se acataría.
"Me parece una falta de respeto que este señor, el presidente de la Corte IDH, si todavía ni siquiera ha acabado el proceso, quiera presentar una acción que no corresponde", dijo el fujimorista en Agenda Política, tras señala que el informe que plantea sanciones contra los magistrado no es producto "del fujimorismo ni el aprismo", sino de una denuncia presentada por marinos procesados por la referida matanza.
En su resolución provisional, el presidente de la Corte IDH explica a que el caso le compete al tribunal supranacional, ya que la decisión de los jueces del TC sobre el recurso de reposición de los marinos procesados podría incidir en dicho juicio oral.
Caldas recuerda también que el fallo de la Corte IDH sobre el tema obliga al Estado peruano a investigar e incluso iniciar nuevos procesos en contra de otros eventuales responsables de la matanza. Esto último fue lo que supuestamente se quiso impedir con la sentencia del TC de 2013, cuando se concluyó que el caso no era de lesa humanidad, con lo cual los hechos investigados hubieran prescrito 20 años después de ocurrido, en el 2006.
"Esta presidencia estima que los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño, se configuran en la presente solicitud", se lee en el la resolución, que destaca que la Carta Democrática Interamericana fija que la separación de e independencia de poderes "es uno de los elementos esenciales de la democracia representativa".
"Me parece una decisión histórica. Está valorando que hay un determinado contexto político en el Congreso en el que una mayoría parlamentaria puede terminar imponiendo una decisión", explicó por su lado el director de IDL, Carlos Rivera.
Pese a las resistencias del fujimorismo, los legisladores César Villanueva (APP), Marco Arana (Frente Amplio) y Wilbert Rozas (Frente Amplio), dicen que el Congreso debe respetar y acatar de inmediato la decisión de la Corte IDH; de lo contrario, dijeron, sería una prueba más de que Fuerza Popular busca controlar instituciones claves como el TC y la Fiscalía de la Nación.
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