En el Perú, la matanza de los penales perpetrada en 1986, durante el gobierno de Alan García, está pendiente de justicia. Por este caso, conocido como El Frontón, se acusa a 34 exmarinos, quienes para no ser procesados por delitos de lesa humanidad presentaron una denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Los exmarinos acusaron a Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda del supuesto delito de prevaricato, ya que fueron ellos los que votaron a favor de corregir un error en el conteo de votos de una resolución del 2013 sobre la materia.
Lo que pidieron los exmarinos fue grave: inhabilitación por diez años a Espinosa-Saldaña y suspensión por 30 días a Ledesma, Ramos y Miranda. Y el último jueves, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, dominada por el fujimorismo, aprobó imponer estas sanciones a los magistrados.
En un contexto en el que la bancada Fuerza Popular (FP) se siente poderosa ante la posibilidad de vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), sufre un revés, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió, hoy domingo, una resolución que ordena suspender el proceso contra estos magistrados "hasta que el pleno de Corte conozca la solicitud de medidas provisionales".
(Foto de portada: La República)
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