Como estaba previsto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó esta semana el informe que plantea la destitución de un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) y la suspensión de otros tres por el caso El Frontón.
La decisión ya le fue comunicada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que admitió un pedido de medidas provisionales, para salvaguardar la permanencia de los magistrados cuestionados, que fue tramitada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), cuyo director, Carlos Rivera, señaló este procedimiento tiene plazos muy cortos.
Por ejemplo, el lunes el IDL pidió la medida provisional y el martes la Corte IDH plazo hasta el jueves último para que el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenten sus informes al respecto, en el marco de la supervisión que ejerce el ente supranacional respecto al cumplimiento de la sentencia en el caso Durand y Ugarte, referida a las ejecuciones extrajudiciales en el penal El Frontón, en junio de 1986.
"La Corte nos ha notificado que el Estado peruano les envió su informe y que la Comisión ha pedido un día más. Pero nosotros también enviamos un correo comunicando lo ocurrido", manifestó Carlos Rivera, citado por La República. Agregó que la próxima semana la Corte IDH puede tomar una decisión.
"Nosotros lo pedimos bajo el argumento de que si bien los jueces del TC no son las víctimas del caso, las decisiones que se están tomando en el Congreso sobre dichos magistrados van a tener un efecto negativo sobre la disposición de la Corte de investigar, juzgar y sancionar a los responsables del crimen".
El magistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña, dijo que el informe que pide su destitución es una "violación de la Constitución", porque el Congreso se ha abocado a un tema —el caso El Frontón— que aún está en curso en el poder Judicial y además los magistrados no pueden ser procesados por sus votos, por mandato también de la Carta Política del país.
En tanto, Walter Albán, abogado del referido magistrado, informó que solicitarán el uso de la palabra ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso, y espera que las medidas provisionales solicitadas a la Corte IDH se otorguen con prontitud
"(En la Corte IDH) ya están informados de las barbaridades que dice el informe aprobado, del atropello que significa y que es inminente que van a dar una sanción desproporcionada, con clara intención de amedrentar a todos", dijo.
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