El futuro del Tribunal Constitucional (TC) empieza a decidirse este jueves en el Congreso, cuando al Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vote el informe fujimorista que pide destituir al magistrados Eloy Espinosa-Saldaña y suspender a sus colegas Marianella Ledesma y Carlos Ramos por 30 días, pero absuelve de todos los cargos al actual presidente del TC, Manuel Miranda.
A los tribunos se les acusó por supuestamente haber modificado el fondo de un fallo del caso El Frontón, del 14 de junio del 2013, el cual se dictó a raíz de un hábeas corpus de exmarinos acusados de matar presos por terrorismo en junio de 1986.
Según todos los pronósticos, la subcomisión, que preside y controla Fuerza Popular, aprobará el informe, que luego pasará a la Comisión Permanente, donde el fujimorismo también tiene mayoría. Antes, la Junta de Portavoces deberá reunirse y decidir una fecha para que el caso se revise. Se recibir el visto bueno, como se prevé, será el pleno del Congreso donde se tome la decisión final sobre la destitución y suspensión de los magistrados del TC.
El presidente del tribunal, Manuel Miranda Canales, hizo una invocación al Legislativo para que actúe con sensatez y ponderación, pero lo cierto es que la suerte de sus colegas parece estar echada.
"Esperamos que el honorable Congreso de la República en sus decisiones lo haga bajo los principios de razonabilidad, ponderación y proporcionalidad en salvaguarda del Estado constitucional de derecho".
Pero, ¿qué hay detrás de la pretensión de Fuerza Popular para destituir y suspender a magistrados del TC? Los votos de los magistrados en el fallo sobre el caso El Frontón —por los que además no pueden ser procesados ni juzgados, según mandato constitucional— parecen ser solo una excusa. El interés del fujimorismo sería tomar el control del TC, según alertan diversos sectores y organismos de la sociedad civil.
Por ejemplo, la periodista Rosa María Palacios, en su espacio Sin Guión en La República, explicó que lo que está en marcha es un golpe constitucional del fujimorismo:
"Este Congreso ha extendido la legislatura hasta el 16 de enero, que debía terminar este 15 de diciembre. ¿Para qué? Lo que hay en marcha es un golpe constitucional, una forma de invadir el poder de otro Poder del Estado utilizando las formas constitucionales de manera nula. ¿Qué es lo que quiere el Congreso? Quiere amedrentar y sacar algunos miembros del Tribunal Constitucional".
Garantías constitucionales
Pero los planes del fujimorismo enfrentan un escollo y es probable que no prospere, según explicó el abogado del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, Walter Albán, quien precisó que la decisión final del Congreso respecto al caso de los miembros del TC será "anulada" por el sistema internamericano de justicia.
"Sin duda, una decisión de esta naturaleza [destituir y suspender magistrados] será anulada por el sistema interamericano, tal como ocurrió en el pasado [durante el gobierno de Alberto Fujimori], por lo que se repondrán a quienes hayan podido ser destituidos", dijo Albán a la agencia Andina.
De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite las medidas para proteger a los magistrados del TC ante una eventual sanción del Parlamento.
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