Ya está listo en el Congreso el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional investigados por el caso El Frontón, el cual será puesto a debate este jueves en el referido subgrupo. A los miembros del colegiado se les imputa haber modificado el fondo de un fallo del citado caso, del 14 de junio del 2013, el cual se dictó a raíz de un hábeas corpus de exmarinos acusados de matar presos por terrorismo en junio de 1986.
En el documento, elaborado por el legislador fujimorista César Segura, se plantea destituir al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña e inhabilitarlo por diez años para ejercer un cargo público, por ser ponente de la resolución que corrigió el fallo sobre el recurso de hábeas corpus en mención, reveló este miércoles La República, que cita fuentes de la subocomisión.
Además, el informe de Segura plantea suspender por 30 días a Marianella Ledesma y a Carlos Ramos Núñez, los otros dos magistrados del TC que fueron investigados, pero absolvió de todos los cargos al actual presidente del colegiado, Manuel Miranda Canales.
Los cuatro colegiados en mención habían reinterpretado y cambiado el sentido del voto del exmagistrado Juan Vergara Gotelli en el fallo del TC del 14 de junio del 2013, que había resuelto que procedía el juicio en contra de los responsables de las ejecuciones de terroristas presos en El Frontón, pero que no constituía un caso de lesa humanidad, con lo cual los cargos prescribían en el 2006, es decir, a los 20 años de ocurridos los hechos.
Los exmarinos implicados en esa matanza no solo pidieron su reposición ante el mismo TC, sino que presentaron una denuncia constitucional en el Congreso contra los referidos magistrados que derivó en el informe que se debatirá este jueves en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en donde Fuerza Popular tiene mayoría.
Walter Albán, abogado del magistrado Espinosa-Saldaña, sostuvo que el hecho de que se plantea una sanción solo para su cliente con el argumento de que él fue el ponente confirma que este proceso se realizó con sesgo político. "Es como decir que los otros no son capaces de responder por su firma", alegó.
Albán mencionó otros hechos que vician el proceso. Primero dijo que ni siquiera debió iniciarse la investigación en el Parlamento porque el caso sigue en curso en el Poder Judicial; luego porque no se respetó el derecho a la legítima defensa, al no entregarles de forma oportuna el informe de hechos; tampoco se permitió a los abogados interrogar a los testigos y no se tomó en cuenta un video con las declaraciones del mismo Vergara.
Si la subcomisión aprueba el informe ese jueves, se deriva a la Comisión Permanente para su votación; luego pasa al Pleno del Congreso, donde se requiere de 69 votos sin contar a los miembros de la Permanente.
¿Qué hay detrás?
Como lo han advertido ya varios sectores y organizaciones de derechos humanos, hay un interés subalterno del fujimorismo por tomar el control del Tribunal Constitucional, en un contexto en el que hay un hábeas corpus presentado por una abogada a nombre de Keiko Fujimori que busca lograr la liberación de su padre, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones a derechos humanos y secuestro agravado.
Si Fuerza Popular consuma la destitución de Espinosa-Saldaña, se podría inclinar la balanza a favor de la liberación de Fujimori, porque según ha trascendido, tres de los actuales magistrados —José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero— están a favor de ello. Son tres votos en principio y faltaría uno para que se admita el hábeas corpus.
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