En el fujimorismo aseguran que no tienen nada que temer ni ocultar y sin embargo ahora buscan anular la incautación de lo que el fiscal de Lavado de Activos José Domingo Pérez y su equipo se llevaron de sus dos locales allanados en Lima, entre lo que hay laptops, discos duros y documentos. El objetivo es recuperar todo el material sin que sea analizado por peritos de la fiscalía. Para ello, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, ha presentado dos recursos: uno de aclaración ante el Ministerio Público y otro de apelación ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

En ambos casos, los fujimoristas insisten en que no hay doble contabilidad como sostiene el fiscal Pérez y que tampoco existen los falsos aportantes, pese a los testimonios e indicios que revelan lo contrario. Los abogados de Fuerza Popular hacen hincapié en que Chlimper no sabía lo que sucedió en la campaña del 2011, porque en esa época no era dirigente, aunque ya en el Ministerio Público desbarataron ese extremo de la defensa:

"El acervo documentario de la persona jurídica está a cargo de Chlimper por ser representante legal, por eso deben dar cuenta de la documentación, no necesariamente de lo que puede haber pasado si no ha sido testigo presencial, pero sí tiene que responder funcionalmente", señalan voceros de la fiscalía, que cita La República.

Y lo cierto es que Chlimper no entregó todos los libros contables que el fiscal Pérez pidió, y los que le remitió, estaban manipulados, según el magistrado, que encontró serias inconsistencias entre los documentos originales y las copias que el dirigente envió a su despacho. Por ello el fiscal solicitó la intervención en los locales del partido, porque existen indicios sólidos de que Fuerza Popular tiene contabilidad paralela en sus finanzas de la campaña del 2011, con la que ocultan el presunto dinero entregado por Odebrecht. 

Además, en el Ministerio Público sostienen que la solicitud del fiscal Pérez estuvo bien sustentada y motivada. Prueba de ello es que el juez Richard Concepción Carhuancho avaló el pedido en todos sus extremos y ordenó el allanamiento. "Ni la fiscalía ni el Poder Judicial están empeñados en una venganza política", manifestó el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, el fin de semana, ante los reclamos y queja del fujimorismo.

[Foto de cabecera: Andina]

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