La absoluta mayoría que tiene el fujimorismo en el Congreso los hace prácticamente inmunes a cualquier investigación o sanción política, por más grave que sea el hecho que se cometa, como la interferencia y las amenazas de congresistas Fuerza Popular en el allanamiento fiscal a sus dos locales.
Este martes, la Comisión de Ética, que controla Fuerza Popular, rechazó el pedido para que se investigue la actitud que mostraron Héctor Becerril, Luz Salgado y Alejandra Aramayo, legisladores que trataron de intimidar el jueves último al equipo del fiscal José Pérez Gómez, quien investiga por lavado de activos a Keiko Fujimori.
El blindaje se consumó gracias a los votos de los fujimoristas miembros de la Comisión: Úrsula Letona, Milagros Takayama, Milagros Salazar y Juan Carlos Gonzales, presidente de grupo. Votaron a favor de que se indague el tema Yonhy Lescano, Alberto Oliva y Eloy Narváez. Fue un 4-3 final a favor de los naranjas.
Previamente, la Comisión Lava Jato del Congreso también eximió de rendir cuentas a su presidenta, Rosa Bartra, presente en el referido allanamiento, en el cual se le vio grabando con su celular a los fiscales que registraron el local de la calle Morochucos, en Surco. Su presencia, que en principio trató de ser negada por su partido, fue muy cuestionada porque dirige un grupo que se supone investiga un caso en el que está implicada su jefa, Keiko Fujimori.
"No se está metiendo usted con cualquiera", le espetó Luz Salgado al fiscal José Pérez durante la diligencia, según las imágenes que difundió Cuarto Poder. "Por favor, que venga el suboficial que está redactando el acta (del allanamiento). Son las 09:19 de la mañana y la señora congresista me ha señalado que no sé con quién me meto", respondió el magistrado.
Las imágenes no solo son reveladoras sino contundentes, porque muestran que congresistas de Fuerza Popular quisieron impedir que el fiscal Pérez y su equipo realicen la diligencia sin contratiempos.
A la diligencia fiscal del jueves último se sumó la que de este lunes, en la región San Martín, donde un equipo del Ministerio Público allanó las casas de dos supuestos falsos aportantes de Fuerza Popular en el 2011: Nolberto Rimarachín Díaz, excandidato a la alcaldía de Nueva Cajamarca por Fuerza Popular, y de Ytalo Ulises Pachas Quiñones.
En los reportes que el fujimorismo entregó a la ONPE ambos aparecen con aportes de S/ 13.845 cada uno y el mismo 18 de marzo del 2011. También son señalados de ser operadores del actual legislador de Fuerza Popular Rolando Reátegui, quien les encargó que consigan a un grupo de personas para que se hagan pasar como aportantes de Fuerza Popular, porque no podían sustentar sus gastos de aquella campaña, según reveló un testigo protegido de la fiscalía.
El Ministerio Público tiene sólidos indicios de que Fuerza Popular fraguó pruebas con el fin de tratar de burlar a las autoridades y de manipular sus libros contables, con el fin de ocultar fondos de su campaña en el 2011 que no pueden justificar. La tesis del fiscal Pérez es que el dinero que se quiere esconder a través de una contabilidad paralela es el de Odebrecht, cuyo ex CEO reiteró a inicios de noviembre que su empresa aportó a la campaña de Keiko Fujimori.
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