En noviembre pasado, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó el dictamen de proyecto de ley 1123/2016-CR, que “declara de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali”, propuesta presentada en abril pasado por el legislador Glider Ushñahua, de Fuerza Popular.
En teoría, es una propuesta a favor del desarrollo económico de la región, pero de acuerdo con organizaciones indígenas y el Ministerio de Cultura pone en riesgo los territorios de diversos pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, como los Mashco Piro, Isconahua, Amahuaca, entre otros. Asimismo, al Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Purús.
En opinión del Ministerio de Cultura (en un oficio firmado por el ministro Salvador del Solar dirigido al Congreso de la República), el proyecto no es viable, debido a la naturaleza intangible de las reservas territoriales, indígenas y los parques nacionales. Jurídicamente es imposible la construcción de carreteras en esas áreas, pues conllevaría impactos negativos como la interrupción de prácticas de subsistencia y, por lo tanto, problemas para conseguir sus fuentes de alimento, provenientes de la fauna silvestre (la remoción de material vegetal, tráfico de vehículos pesados y maquinaria pesada ahuyenta la fauna y merma la flora silvestre).
Además, se considera que generaría procesos de migración masiva y de llegada de foráneos a territorios indígenas, colonización de la zona e incremento de actividades ilícitas presentes en la región Ucayali, como la tala ilegal, minería ilegal, entre otros.
La construcción de carreteras en zonas donde habitan PIACI pone en riesgo a estos pueblos. Ello, por la especial situación de alta vulnerabilidad, sobre todo a nivel inmunológico, sociocultural y territorial.
"El Congreso de la República debería analizar la iniciativa legislativa a fin de salvaguardar el derecho a la consulta previa sobre las medidas legislativas que afecten directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, el proyecto debería ser analizado, entre otras, por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso", dice a LaMula.pe Lorena Prieto, directora de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura.
Cabe indicar que el dictamen aprobado no ha sido consultado con el Ministerio del Ambiente (Minam), ni el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio de Cultura (Mincul), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), ni el Ministerio de Agricultura (Minagri), instituciones con las que le correspondía coordinar debido a la naturaleza del proyecto.
Visión indígena
La iniciativa expondría a un exterminio de los pueblos indígenas de la región, a decir de Julio Cusurichi Palacios, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad). "Un interés económico no puede estar por encima de un interés de vida humana", subraya a LaMula.pe, y ante la aprobación del proyecto solicita que el jefe de Estado observe la norma.
Estamos ante una norma sensible, en la que está en juego el futuro de peruanos indígenas y parte de nuestra biodiversidad. La iniciativa aprobada en segunda instancia por el Pleno del Congreso no la convierte en la mejor de las decisiones para la Amazonía peruana. Lo que proponen los nativos y el Ministerio de Cultura debe ser considerado por el Presidente de la República para que la observe y a partir de ello sea discutida entre congresistas, las instituciones pertinentes y las organizaciones indígenas.
