Este lunes, la Comisión de Ética, que controla el fujimorismo, quiso blindar otra vez a la parlamentaria de Fuerza Popular Yesenia Ponce, acusada de pagar 10 mil soles para obtener un certificado de estudios falso con el fin de demostrar que no mintió en su hoja de vida, pero el informe que hizo la Secretaría Técnica de este grupo no resistía el menor análisis.
El informe, que cita La República, es confuso y contradictorio, porque por un lado dice que existe "una duda razonable" sobre el proceder de Ponce, pero por el otro que debe primar la presunción de inocencia. Y agrega que, en todo caso, la responsable no es ella, sino la persona que hizo el depósito bancario, es decir, el padre de Aldo Rodríguez Uceda, el excolaborador de su despacho que la denunció.
La Secretaría Técnica de la comisión que preside el pastor fujimorista Juan Carlos Gonzalez alega que no se ha podido comprobar que Yesenia Ponce "sea la responsable directa e indirecta del pago realizado por 10 mil soles a través del padre de su "conocido" o "amigo", Aldo Rodríguez Uceda, quien recibe amenazas y presiones desde que reveló el caso.
El denunciante de Ponce mostró el comprobante del depósito en el Banco de la Nación, registrado el 27 de abril del 2017, a la cuenta de Daniel Soto Rivera, exdirector del Colegio Particular Mariscal Toribio Luzuriaga, pero la investigación de la secretaría técnica no ahondó en ello para corroborarlo.
Sin embargo, el informe concluye que no se puede determinar que el referido "monto de dinero haya sido como pago y compensación, por haberla favorecido con la expedición de documentos y certificados de estudios falsos que acreditan que ha estudiado en dicha institución educativa el 4to y 5to de secundaria".
Disconformidad
Ante las evidentes falencias que mostraba el documento de la Secretaría Técnica con que el fujimorismo quería archivar el caso de Ponce, el resto de miembros de la Comisión de Ética mostraron su rechazo al resultado de la investigación, y le exigieron al titular del grupo seriedad en su trabajo.
Por ejemplo, el legislador Yonhy Lescano (Acción Popular) dijo que el caso de Ponce se debe profundizar y analizar sus cuentas bancarias; en tanto su colega aprista Mauricio Mulder anotó que la indagación estaba incompleta, porque no se había recogido ni siquiera la versión del representante de la UGEL correspondiente sobre el certificado de estudios de la investigada.
"Si hace falta un testimonio, ¿para qué traen un informe sin terminar? Seamos claros. Acá los informes deben llegar de manera completa. No vaya a ser esta una táctica de dilatación para que el caso no se vea hasta marzo".
Al final, la comisión acordó no poner en votación un informe contradictorio e incompleto, y el debate del caso de Ponce se postergó hasta la próxima semana, tiempo en el que se debe profundizar la investigación y convocar al representante de la UGEL.
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