Ayudados por organizaciones no gubernamentales, llegaron a Lima para reunirse, compartir sus casos y unir fuerzas en lo que consideran una lucha justa por la vida y la naturaleza.
Los días 28 y 29 de noviembre, decenas de afectados, provenientes de las regiones Cajamarca, Loreto, Amazonas, Pasco, Junín, Cusco, Puno y del distrito San Mateo en la provincia limeña de Huarochirí, estuvieron reunidos para intercambiar experiencias sobre los problemas de salud ambiental que los afectan.
Luego, brindaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer algunos de los casos emblemáticos. "Yo necesito que al menos nos lleven al menos un litro de agua. En mi comunidad, no contamos con agua. Pido al Estado peruano que se ponga la mano al pecho, esperamos que algún representante del Gobierno nos escuche", dijo Agnita Saboya, representante de la comunidad Cuninico de Loreto, afectada por derrames del Oleoducto Norperuano de Petroperú.
Genaro Aguilar, quien vino desde las alturas de la región Lima, del distrito San Mateo, resaltó que se están organizando para hacer respetar sus derechos y afirmó que "el gobierno de turno no hace respetar el derecho a la vida, están bajando los estándares ambientales y la contaminación nos está afectando con metales tóxicos".
Aguilar estuvo como representante de la zona conocida por la relavera Tamboraque, que se ubica al lado del río Rímac y amenaza con contaminarla. Si bien la población de San Mateo se dedica a la agricultura y la ganadería, este activista precisó que ellos no están "contra la minería". "No estamos contra el progreso, queremos desarrollo, que haya buena educación y salud. Pero la minería debe ser responsable ambiental y socialmente", señaló.
Rosa Amaro, del Movimiento por la Salud de La Oroya, afirmó que la fundidora Doe Run sigue operando y emitiendo gases tóxicos al ambiente, hecho que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se ha empeñado en negar. Al respecto, un informe publicado hace unas semanas, señaló que los niños, a los que se les tomó pruebas de sangre, tenían metales cancerígenos como el arsénico.
Entre los acuerdos a los que llegaron estos ciudadanos, resalta la exigencia al Estado peruano de implementar una política integral de salud especializada que cuente con protocolos establecidos para casos de salud ambiental.
Este encuentro de afectados por metales pesados fue promovido por la Mesa de Coordinación sobre salud ambiental que integran Red Muqui, CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal, Amnistía Internacional, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, RedGE, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos Perú.
(Foto de portada: Red Muqui / Gloria Alvitres)
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