Este miércoles, el Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público anunció en un video a través de su cuenta de Twitter que desde el lunes dispuso la ampliación de la investigación preparatoria contra las empresas Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas Generales y sus representantes. Todas estas compañías fueron consorciadas de Odebrecht en la construcción de la carretera Interoceánica, caso que incluye al expresidente Alejandro Toledo por haber recibido US$20 millones de la constructora brasileña.

Esto se da tras nueve meses de una investigación preliminar reservada, en fase de corroboración de las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, quien este martes fue excluido del caso por el delito de colusión que encaminará una próxima colaboración eficaz, según los argumentos presentados por el fiscal Hamilton Castro, que ayudará en las pesquisas que se le siguen no solo a estas compañías, sino también a representantes legales, como José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña Acuña.

La investigación preparatoria que alcanza a estos empresarios es por delitos de colusión agravada y lavado de activos, los cuales tienen penas de hasta 15 años de prisión. Esto implica que los procesados se exponen a condenas hasta de 30 años de cárcel. Y es que, de acuerdo la disposición fiscal N° 19, los representantes de las constructoras tuvieron conocimiento, aprobaron y participaron en el pago ilícito de US$ 20 millones que Odebrecht destino a favor de Toledo, a fin de que asegure la adjudicación del proyecto.

Barata, en ese entonces acogido a la colaboración eficaz, declaró a los fiscales brasileños que comunicó a José Graña, presidente de G&M, a José Castillo, director de ICCGSA, y a Fernando Camet, presidente de JJ Camet, empresas que integraban el consorcio Conirsa que adjudicó los tramos 2 y 3 de la Interoceánica, tenían conocimiento de los sobornos al exmandatario. El exejecutivo aseguró que Graña, Castillo Dibós y Camet Piccone aceptaron pagar las comisiones ilícitas y que incluso aceptaron asumir el pago de las coimas a través del reparto de utilidades.

Las utilidades

La corroboración de documentos sobre reparto de utilidades entregados por Barata y diversa información bancaria ayudaron a que la fiscalía determine que en junio del 2011 los consorcios acordaron aportar S/41.499.688,35 equivalente a US$15.083.805,24, de los montos reales que les correspondía de utilidades, para cubrir los pagos a Toledo, según informó el diario La República.  

“Graña y Montero cedió US$6.219.627,15; JJC Camet, US$5.641.151,70; e ICCGSA, US$3, 223,026.39” para cumplir con el acuerdo. Estos montos se pagaron bajo el rubro de reconocimiento de riesgos adicionales a Odebrecht, de acuerdo a la fiscalía.

Graña y Montero se allanará a la investigación

Tras conocerse la disposición del Ministerio Público, el Grupo Graña y Montero informó, a través de una nota de prensa, que colaborará con las investigaciones del Equipo Especial del Caso Lava Jato y que no protegerá a ninguno de los implicados. "Graña y Montero saluda cualquier actuación del Ministerio Público encaminada a esclarecer la verdad sobre los actos corruptos de Odebrecht y reitera que el pago de sobornos a funcionarios o cualquier otra actividad ilícita no forman parte de las políticas y prácticas empresariales de la compañía", se lee en un comunicado.

"En ese sentido, la compañía está preparada para adoptar las acciones legales correspondientes contra cualquier persona, funcionario o exfuncionario que, con sus actos irregulares, haya causado daño a la empresa", añade el escrito.

(Foto de cabecera: IDL - Reporteros)

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