La campesina cajamarquina Máxima Acuña, reconocida con el Premio Goldman 2016, no está siendo protegida por el Estado peruano, según una petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por organizaciones sociales peruanas.
Máxima y su familia mantienen un conflicto con la minera Yanacocha de Cajamarca desde el 2011, cuando la la empresa la denunció por el supuesto delito de usurpación agravada. Luego de varios años de proceso, en mayo pasado, la Corte Suprema del Poder Judicial ratificó la absolución de Acuña y su familia.
- Lee también: Cajamarca: Se hizo justicia para Máxima
Ya desde el 2014, Máxima Acuña y otros activistas ambientales tienen a su favor una medida cautelar otorgada por la CIDH, que pidió al Estado peruano que garantice la vida e integridad de los beneficiarios. Sin embargo, hasta el momento, como resaltan las organizaciones Grufides y DEMUS (Estudio para la defensa de los derechos de la Mujer), el Perú no cumple con protegerla.
Por ello, estas organizaciones presentaron ante la CIDH una petición contra el Estado peruano por incumplir con este deber.
“Esta violencia no solo ha sido reiterada sino que ha aprovechado la condición de mujer de esta ciudadana habiéndose configurado como violencia de género en un contexto de conflicto socioambiental. Esperamos que la CIDH evalúe estas vulneraciones de derechos humanos sufridos por esta ciudadana campesina, en quien se han profundizado las secuelas ocasionando el deterioro de su salud física, psicológica y emocional, lo que no debe quedar impune”, afirmó su abogada Mirtha Vásquez, en conferencia de prensa durante el 14 Encuentro Feminista Latinoamericano y el Caribe que se realiza en Uruguay.
“En el Perú no existe garantía de protección de los derechos fundamentales. Una persona puede ser violentada sin que el Estado garantice su derecho de acceso a la justicia, a una investigación y sanción para sus agresores”, agregó Vásquez.
- Lee también: Campesina peruana Máxima Acuña recibe premio ambiental Goldman
Las organizaciones que defienden a Máxima Acuña resaltan que acuden a esta vía luego de que el Ministerio Público peruano archivara la denuncia por violencia de género que se presentó en abril pasado.
María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, precisó que “la violencia de género en conflictos sociales es una de las 15 modalidades reconocidas en el nuevo Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 y puede ser denunciada al amparo de la Ley 30364 contra la violencia hacia la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar".
"El Ministerio Público ha incumplido con su deber de debida diligencia al archivar la denuncia de Máxima Acuña evadiendo lo dispuesto por dicha ley, generando desprotección e impunidad al desconocer que la violencia de género también puede ser ejercida por parte de las empresas y el propio Estado”, señaló.
Por enfrentarse a la minera y adoptar las luchas ambientalistas respecto a la protección de las lagunas de Conga, Máxima Acuña recibió en el 2016 el Premio Goldman, el máximo reconocimiento a una activista ambiental en el mundo.
Notas relacionadas en LaMula.pe:
CIDH reconoce la lucha de Máxima Acuña como defensora del territorio
Máxima Acuña vs. Yanacocha: polémica por informe pericial sobre terreno en litigio
