Se deben cumplir las condiciones. La nuevas revelaciones del ex CEO de la constructora que lleva su apellido, Marcelo Odebrecht, que involucran a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, al expresidente Alan García y al actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, produjeron que el fujimorismo e incluso la Comisión Lava Jato pidieran que se levante la reserva de las declaraciones del empresario recogidas por fiscales peruanos en Curitiba el pasado 9 de noviembre.

Lo cierto es que en la diligencia se firmó un acta, a la que tuvo acceso El Comercio, donde las 12 personas que participaron del interrogatorio estamparon su rúbrica acordando cumplir una serie de requisitos para que la transcripción y el registro audiovisual lleguen al Perú en el más breve plazo. “El testimonio recogido a Marcelo Odebrecht no puede ser utilizado en su contra, ni en contra de las empresas Odebrecht y [la subsidiaria] Braskem ni en contra de los otros colaboradores del Ministerio Público brasileño que hayan firmado acuerdos de colaboración premiada en el Caso Lava Jato”, se lee en el acta.

Asimismo, el documento señala que “las personas físicas y jurídicas quedan absolutamente exentas de cualquier tipo de sanción penal o civil”. También se precisa que “la remisión del presente testimonio a la República del Perú queda condicionada a la presentación de una petición conjunta firmada por las autoridades peruanas y por los abogados de la empresa Odebrecht en Brasil y de Marcelo Bahía Odebrecht, dirigida al Ministerio Público autorizando su envío, vía autoridad central, manteniendo el sigilo hasta su entrega a las autoridades peruanas. En caso de no presentar dicha autorización, el documento no se enviará y perderá su efecto”.

La petición conjunta mencionada en el acta tendría que ver con un segundo documento que las autoridades peruanas se han comprometido a firmar después de subsanar todas las condiciones establecidas previos al interrogatorio. Estas prerrogativas señaladas por Odebrecht serían: No utilizar sus declaraciones para perseguirlo penalmente; algo que ya se está cumpliendo, no utilizar su declaración para perseguir a su empresa y a los otros directivos o exfuncionarios que están colaborando con la Fiscalía y que se permita a Odebrecht Latinvest retirarse del Perú, esto es, liquidar sus activos para pagar deudas, proveedores y pagar la reparación civil que corresponda, según La República.

Estas exigencias de Odebrecht responden a su preocupación por los problemas que han tenido los cuatros delatores para cerrar sus acuerdos por su colaboración eficaz, tras 11 meses desde que la empresa brasileña tomó contacto con el Ministerio Público peruano. Tal vez uno de los puntos que mayor malestar ha causado en el mandamás de la constructora es la condición del exejecutivo en Perú, Jorge Barata, quien brindó su delación al fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial en el caso Lava Jato, y luego se le abrió una investigación preparatoria por el delito de tráfico de influencias y colusión en el caso de la Interoceánica Sur.

Justamente, Castro excluyó a Barata de la investigación el pasado junio, seguramente intentando encaminar la colaboración de Odebrecht. Sin embargo, hace una semana el juez Richard Concepción Carhuancho anuló esta resolución aduciendo que el empresario no puede quedar al margen de las pesquisas cuando esta recien se encuentra en etapa preparatoria. A pesar de ello el mismo juez aclaró que esto no interfiere en la colaboración eficaz de Barata.

DATO

De acuerdo al acta de cooperación judicial internacional entre el Perú y Brasil , estas fueron las 12 personas que participaron de la diligencia: Por el lado brasileño, el procesado Marcelo Odebrecht, sus tres abogados Thiago Neuwert, Eduardo Sanz y Mauricio Dantas Bezerra; el procurador regional de Brasil, Orlando Martello; el asesor de Gabinete, Víctor Hugo Dos Santos; la traductora Vera Lucía Menezes Diniz; y por el lado peruano, el fiscal José Domingo Pérez Gómez, responsable de la investigación; el fiscal adjunto, Walter Villanueva Luicho; el coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela; así como Edward García Navarro y Beno Fraga Brandao, abogados de Keiko Fujimori.

(Foto de cabecera: Agencia Brasil)

Notas relacionadas: