Cada vez que salen a la luz nuevos detalles de la investigación en torno a los célebres pero sospechosos cocteles de Fuerza Popular —lo último que se reveló es que LVF Liberty Institute, la ONG con sede en el paraíso fiscal de Delaware, EEUU, no tenía autorización para donar dinero a la campaña de Keiko Fujimori— los fujimoristas salen a decir que todo fue reportado a la ONPE, que sus cuentas están claras, pero lo cierto es que no es así, y no solo porque se niegan a revelar las identidades de los asistentes a estos eventos de recaudación amparados en un vacío de la ley electoral.

Este viernes, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló también nuevos  testimonios sobre el financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, los cuales —subraya la publicación— alimentan las dudas en torno a un "carrusel de dinero" de desconocida procedencia, en un contexto en el que Marcelo Odebrecht confirmó, en su último interrogatorio ante fiscales peruanos en Curitiba, que su corrupta constructora entregó dinero para la apoyar la candidatura de la jefa de Fuerza Popular.

El fujimorista Miguel castro tiene mucho que explicar a las autoridades. (Exitosa)

En estos testigos hay un nombre en común: Miguel Castro Grández, actual congresista y titular de la Comisión de Defensa del Consumidor —así es, el grupo que le dio esta semana un golpe mortal a la Ley de Alimentación Saludable—: 

"Yo he trabajado para el congresista Miguel Castro Grández en su empresa de seguridad durante 8 años. He sido su hombre de confianza, pero nunca he hecho ningún aporte a Fuerza Popular ni a la campaña de Keiko Fujimori". 

El que habla es Abraham Vásquez, quien figura como "aportante oficial" de Fuerza Popular en los reportes que este partido entregó a la ONPE para la campaña del 2011. 

"¿Cómo puedo haber aportado 15 mil soles a un partido si gano muy poco y lo que percibo con las justas me alcanza para sobrevivir? Si mi nombre aparece como aportante en un registro de la ONPE, eso es falso", insistió el excolaborador del congresista Miguel Castro al semanario Hildebrandt en sus trece.

Vásquez, quien nunca estuvo en planilla mientras trabajó para la empresa de Castro Grández y se ganaba un salario mínimo, recuerda un hecho que puede explicar cómo es que terminó entre los 'donantes' de Fuerza Popular:

"Recuerdo que una vez nos hicieron firmar una hoja en blanco, pero nos dijeron que era para cosas de la empresa. Yo estoy dispuesto a decir la verdad ante las autoridades. Yo no he aportado a la campaña de Keiko Fujimori".

Otro testimonio que publica el semanario es el de Roberto Hoflich, quien asegura que participó en el trasiego de dinero en efectivo por orden del hoy congresista Miguel Castro, con quien empezó a trabajar en agosto del 2007, primero como agente de seguridad de su empresa y luego como su guardaespalda personal. "He sido su hombre de confianza y estuve con él durante toda la campaña electoral en Amazonas", cuenta.

"Alrededor de setiembre y octubre del 2015 yo recibí unos encargos del señor Castro y de su esposa que tenían que ver con dinero en efectivo. Por esos meses, recibí la orden de recoger (dinero) de varias personas. Una de ellas era un tal señor (Jaime) Yoshiyama. Yo no lo conocía, ni sabía quién era. Me dieron la dirección, me presenté, fui al segundo piso y me recibió el señor Yoshiyama [...] Él me entregó un paquete [...] Un paquete de dinero que lo guardé en mi pernera, donde guardo mi pistola. Fueron dos veces que tuve que ir a la empresa Roster, situada en Surquillo, para recoger dinero en efectivo. Una vez me lo dio el mismo señor Yoshiyama y otra su secretaria personal".

El testigo descartó que se haya tratado del pago por algún servicio de seguridad que le prestó la empresa de Castro Grández a Yoshiyama.  "Imposible. Yo era gerente de operaciones y sé todas las unidades que tenemos. Era mucho dinero y en Roster sólo teníamos un agente de seguridad. Además, los pagos no se hacen así, en efectivo, sino por banco", explicó Hoflich.

Y no fueron las únicas veces que recogió dinero en efectivo por encargo de su jefe. Cuenta que dos veces lo mandaron a buscar a una persona, que no pudo identificar, a la sede de Osinergmin. "Él bajó y me llevó a la cochera de un edificio ahí cerca. Ahí tenía su carro estacionado. Sacó un paquete de  dinero y me lo dio", relató. Le ordenaron además depositar esa plata en una agencia del BCP a las cuentas de la empresa de seguridad del congresista Castro.

"En el banco no me lo quisieron recibir si es que no lo registraba a mi nombre. Yo le avisé a la esposa del señor Castro, quien a gritos me ordenó dar mi número de DNI. Me dijo que lo pasara como si fuera mi dinero. En el banco me hicieron firmar eso en la declaración jurada. En una ocasión fueron setenta mil y en la otra cuarenta mil soles".

Hoflich también relató a la revista que una vez fue Chosica junto con Castro y su esposa para recoger dinero. "Llegamos a una casa grande, no recuerdo el nombre del dueño, pero recuerdo dónde. Ahí mis jefes me hicieron entrar para recoger 100 mil soles. La persona que me los dio me hizo contar", dijo.

En total fueron nueve trabajadores de Castro Grández los que, se supone,  aportaron a la campaña de Keiko entre agosto y diciembre del 2015, un monto total que asciende a 191,296 soles. Eso se dice en los reportes oficiales, pero lo cierto es que ninguna de estas personas tiene la solidez económica para justificar esos aportes, explica Hoflich.

"Ninguno tiene recursos. Todos ellos son trabajadores humildes. Por ejemplo, Gherson Aponte era el encargado de limpieza y aquí le ponen que ha dado más de 20 mil soles. El señor Javier Curi es chofer de la esposa del señor Miguel y aquí dice que dio también 20 mil. Eso es imposible".

DATOS

► Miguel Castro Grández es un congresista fujimorista que no tiene mucha notoriedad pública, salvo esta semana por lo que pasó con el tema de la Ley de Alimentación Saludable.

► Es conocido dentro de la bancada de Fuerza Popular como "el primo", porque se dice que su esposa, Karem Lay, tiene un parentesco con los Fujimori.

► Miguel Castro también es un empresario dueño del bufete Castro & Lay Abogados y de la empresa Grupo de Operaciones Especiales y Seguridad S.A.C. (GOES).

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