La Operación Amazonas demostró la alta corrupción en el Perú para lavar la madera obtenida de manera ilícita. La embarcación Yacu Kallpa que tenía como destino México, Estados Unidos y República Dominicana llevaba consigo un cargamento de ese recurso que, según reportes de Osinfor, tenían procedencia ilegal, pues su origen era de zonas no autorizadas de la Amazonía. Los exportadores contaban con documentación oficial, pero con información adulterada. El grueso de la carga era de propiedad de la firma Inversiones La Oroza. 

El resto pertenecía a Inversiones WCA, Corporación Inforest, Triplay Iquitos, Sico Maderas, Scavino Maderas, Laminados y Manufacturas de Madera, Corporación Industrial Forestal, Corporación Maderera Loreto, Industrias Madex y Maderas Impregnadas Tropicales. 

En octubre pasado, el gobierno de Estados Unidos informó a través de la United States Trade Representative (Oficina de Comercio) que decidió excluir de su mercado la madera peruana  de la empresa exportadora La Oroza, investigada desde el 2015 por el caso Yacu Kallpa. Esto es una muestra de los cuestionamientos de las autoridades estadounidenses a los mecanismos implementados por el Gobierno peruano contra el tráfico ilegal de madera. Hay que recordar que según el TLC con EEUU, el Perú está obligado a garantizar que su madera es legal.

Desde la Operación Amazonas (2015) hasta la actualidad ha habido supervisiones de las instancias gubernamentales, normas, reclamos, promesas, iniciativas, lobbies y más investigaciones periodísticas. Precisamente, entre éstas destaca una reciente dada a conocer este jueves 9 de noviembre por la organización internacional Global Witness.

Recurriendo a filmaciones encubiertas de conversaciones con tres empresarios involucrados en el caso Yacu Kallpa, muestran que éstos sabían o tenían razones para sospechar que sus exportaciones desde la Amazonía peruana eran ilegales.

Lo dicho por los empresarios confirman que en el Perú, con la colaboración de algunos gobiernos regionales (en este caso el de Loreto), los documentos forestales a menudo se falsifican y se usan para lavar madera extraída ilegalmente. 

“Las grabaciones que hacemos públicas hoy sacan a la luz el problema clave del sector de la madera en el Perú, que es que los documentos tienen poco o ningún valor, y que los exportadores mismos lo saben a pesar de lo que afirmen públicamente”, dice Laura Furones, directora de la campaña de Perú de Global Witness.

Esto es lo que dijeron Dante Zevallos (Sico Maderas), William Castro (Inversiones WCA) y Adam Andrews (Corporación Industrial Forestal) sin saber que eran grabados:

Tras lo visto, las autoridades peruanas deben impedir que los exportadores de madera se refugien en la documentación oficial. "Los fiscales deben ahora investigar y evaluar el posible procesamiento de los exportadores más importantes involucrados en el caso Yacu Kallpa, así como a otros actores poderosos de la cadena de suministro de madera”, anota Furones.

Como lo habían comentado anteriormente a LaMula.pe, Rolando Navarro, exdirector de Osinfor, y Julia Urrunaga, directora en Perú de Environmental Investigation Agency, hay más empresas formales involucradas en el negocio de la madera ilegal. A ello se suman funcionarios regionales corruptos que se prestan a este delito, e incluso una investigación de Associated Press reveló que algunos de ellos -sancionados luego de la Operación Amazonas- continúan en sus cargos. 

Lee el informe completo de Global Witness

(Foto cabecera: Alex Pashley)

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