El expresidente del Gobierno regional de Catalunya Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros en libertad condicional comparecerán ante el tribunal de primera instancia de Bruselas el 17 de noviembre para la vista por la euro orden de entrega a España, confirmó este lunes oficialmente la Fiscalía bruselense. 

Acudirán ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional española el pasado 3 de noviembre contra los cinco exmiembros del cesado Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Los cinco políticos son reclamados por la Justicia española por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Catalunya.

Hasta finales de la próxima semana permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió este domingo el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas.

Entre las restricciones a su libertad se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.

Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) podrán vivir en la misma dirección postal o en distintas localizaciones, con tal de estar bien comunicadas al juez instructor.

En declaraciones a la agencia efe, la portavoz de la Fiscalía Ine Van Wymersch señaló que se propuso la libertad condicional porque "para enviar a alguien a prisión debe haber causas serias que hagan meritorio restringir la libertad".

"Estas personas se entregaron ellas mismas y mostraron total colaboración".

Preguntada por posibles presiones del Gobierno belga tras las críticas, entre otros del ministro de Interior, Jan Jambon, a los encarcelamientos de ocho exconsejeros en España, Van Wymersch aseguró que existe "total independencia del poder judicial" y que el juez actuó "con total independencia".

Igualmente, la portavoz de la Fiscalía aclaró que no hay prohibición alguna a Puigdemont y los exconsejeros para hablar con los medios de comunicación ni para participar en actividades políticas.

"Las medidas restrictivas son las que son, no hay restricción para mantener contacto con nadie ni llevar a cabo actividades de cualquier tipo", añadió la portavoz, al confirmar que Puigdemont puede hacer campaña electoral desde Bruselas si lo desea para las autonómicas del 21 de diciembre.

Fuentes de la Fiscalía explicaron además que "pueden existir" otras medidas no hechas públicas con relación a una posible protección policial para Puigdemont y los exconsellers.

El expresidente de la Generalitat y los cuatro exconsejeros rechazaron ante el juez de instrucción su entrega a las autoridades españolas. 

La entrega fue "convenida" con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados.

Si el próximo 17 de noviembre el juez de primera instancia -tendrá un plazo máximo de 24 horas para emitir sentencia- decide la entrega de Puigdemont y los exconsejeros a España y estos lo rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.

Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse algunos más por motivos excepcionales, señalaron fuentes de la Fiscalía.


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