El gobierno de Estados Unidos acaba de dar un paso sin precedentes para excluir de su mercado la madera peruana de procedencia ilegal. En un comunicado firmado por su máximo representante, la Oficina de Comercio de Estados Unidos (United States Trade Representative) demandó a la Aduana y Protección Fronteriza bloquear las importaciones de madera de la empresa exportadora peruana Inversiones La Oroza SRL, investigada desde el 2015 por haber enviado a ese país madera extraída ilegalmente.
Esta decisión se basa en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y el Perú (Trade Promotion Agreement), que contiene un anexo sobre gobernanza forestal, cuyo objetivo es mejorar el problema de la extracción y exportación ilegal de madera de la Amazonía peruana. También contiene medidas de cumplimiento y otras disposiciones para garantizar que la madera ilegal peruana no ingrese a ese país. Según este anexo, el Perú debe hacer auditorías de productores y exportadores de madera particulares y verificaciones de envíos particulares de productos de madera desde Perú a solicitud de Estados Unidos.
En 2016, el Comité de la Madera estadounidense solicitó que el Perú verifique si el envío de madera de La Oroza cumplía con todas las leyes y regulaciones peruanas aplicables. La solicitud se hizo luego de informes públicos de que la importadora estaba involucrada en actividades ilegales de tala. El proceso de verificación hecho por nuestro país reveló que partes significativas del envío no cumplían con la ley, las regulaciones y otras medidas peruanas sobre la cosecha y el comercio de productos de madera: más del 90% de la madera era ilegal.
En noviembre de ese año, el gobierno peruano anunció un conjunto de acciones unilaterales para abordar los desafíos actuales, incluida la rendición de cuentas de todos los actores involucrados en el envío de La Oroza, enmendando los requisitos de documentación de exportación para mejorar la rastreabilidad, mejorando las inspecciones de maderas e implementando un sistema de seguimiento de maderas en el corredor amazónico. Sin embargo, aún hay una brecha significativa para combatir la tala ilegal. El USTR y el Comité de la Madera continuarán monitoreando de cerca la implementación por parte de Perú tanto de los compromisos en el Capítulo del Medio Ambiente como de las acciones anunciadas en noviembre de 2016.
Además, en lugar de enfrentar este problema, la respuesta de la industria maderera peruana y de ciertos funcionarios del gobierno peruano ha sido disminuir la transparencia, alegando que la trazabilidad no es posible.
Con base en los resultados de este monitoreo es que las autoridades estadounidenses han ordenado que se niegue la entrada a los envíos de Oroza durante tres años o hasta que el Comité de Maderas determine que la empresa ha cumplido con todas las leyes y reglamentos.
La verificación de madera es una herramienta de monitoreo única incluida en el TLC para garantizar que las leyes forestales peruanas se apliquen en toda la cadena de suministro.
"La tala ilegal destruye el medio ambiente y perjudica a las empresas madereras estadounidenses y a los trabajadores estadounidenses que siguen las reglas. Continuaremos vigilando de cerca el cumplimiento por el Perú de sus obligaciones en virtud de nuestro acuerdo comercial", señala Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos.
Como se recuerda, en 2015, dos envíos de madera desde Perú a Estados Unidos fueron objeto de investigaciones de las autoridades estadounidenses de acuerdo con la Ley Lacey. Al confirmar que no tenían origen legal las autoridades de ese país decidieron destruir la madera ilegal, incluida la de La Oroza. Con esa medida daba fuertes señales de que la madera ilegal peruana ya no será aceptada en los mercados de exportación. Sin embargo, en el Perú la lucha contra la madera ilegal no ha avanzado a buen ritmo.
"En mi trabajo como director de Osinfor, junto con la Sunat y Aduanas, tomamos medidas contra las exportaciones de madera de alto riesgo, identificamos compañías que vendían madera ilegal y alertamos a las instituciones públicas, actores privados y la sociedad civil", dice Rolando Navarro Gómez, exfuncionario de Osinfor que lideró el operativo Amazonía y que posteriormente fue amenazado de muerte.
El exfuncionario peruano indica que a pesar de una nueva ley forestal que supuestamente garantiza la rastreabilidad y el origen legal de la madera, en el Perú "han seguido exportando madera ilegal utilizando documentos oficiales otorgados por las autoridades forestales. Nuestro trabajo ayudó a arrojar luz sobre las actividades ilegales de La Oroza, lo que finalmente resultó en su exclusión del mercado estadounidense".
Para Julia Urrunaga, directora en Perú de Environmental Investigation Agency (EIA), estamos ante una buena noticia. “Es una excelente oportunidad para los empresarios que comercializan madera legal, porque con esta medida implementada en Estados Unidos se está eliminando la competencia desleal. Aunque hay empresarios peruanos que no están contentos con esta decisión”, dice a LaMula.pe.
Urrunaga recuerda que Operación Amazonas demostró que varias otras empresas han tenido madera ilegal en su cadena de suministro. “Y no un poquito, sino cerca del 100% y de modo sostenido”, apunta. El gobierno peruano, en opinión de la especialista en tala ilegal, debe ser consecuente y extender la medida a todas las empresas que han exportado madera ilegal.
Al cierre de esta nota corre el rumor de que la medida de la USTR ha incomodado a algunos empresarios peruanos que estarían pidiendo que el gobierno los ‘defienda’ y se pronuncie.
Lo que el gobierno debe hacer es aprovechar esta medida no para defender a quienes se niegan a ser monitoreados con rigor, sino para evitar perder un mercado comercial internacional sumamente importante. La decisión estadounidense es un llamado de atención para el gobierno peruano y los exportadores de madera. Si siguen apostando por vender madera robada con documentos oficiales, perderán su negocio. Las exportaciones de todo el sector forestal peruano quedarán excluidas de todos los mercados principales si no eliminan el modelo actual y cambian de chip, asegurando que los árboles autorizados para la cosecha sean los que acompañan los permisos de tránsito, desde el suelo forestal hasta la exportación terminal.
“Actualmente los países no quieren ser cómplices de estos delitos que destruyen los bosqes, violan los derechos humanos de comunidades locales y defensores ambientales, asesinan gente, y destrozan el planeta”, subraya Urrunaga.
Foto: Musuk Nolte / Revista Poder
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