Tras el primer escándalo de corrupción que provocó una crisis en el Gobierno, en octubre de 2016, a los pocos meses de que Pedro Pablo Kuczynski se instalara en Palacio, por los negociados que urdía en la sombra su asesor Carlos Moreno con el Seguro Integral de Salud (SIS), el mandatario anunció —con bombos y platillos— la creación de la Comisión Presidencial de Integridad. En diciembre de ese año, este grupo entregó 100 recomendaciones y medidas contra la corrupción, de las cuales 70 no se han implementado, ya sea por el Ejecutivo, el Congreso o el sector empresarial.

Es decir, un año después del remezón del caso Moreno casi nada ha cambiado, lo cual demuestra que no hay una verdadera voluntad para combatir este flagelo en la clase dirigente del país. Así, solo 30 sugerencias fueron recogidas en los decretos legislativos que emitió el Ejecutivo: 17 de forma parcial  y solo 13 completamente, reveló el primer informe del denominado Observatorio de Integridad, integrado por Transparencia Internacional, Proética, la Universidad del Pacífico y la PUCP.

Este grupo se formó para hacerle un seguimiento a las recomendaciones de la comisión que en su momento dirigió el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega. El citado informe revela que al menos 16 de las recomendaciones son de materia electoral y su aprobación depende del Congreso de la República, que controla el fujimorismo.

Hasta el momento, el Poder Legislativo solo ha cumplido con aprobar la inclusión del financiamiento público directo a las organizaciones políticas en la Ley de Presupuesto General de la República, pero las medidas orientadas a fiscalizar los recursos partidarios, claves para la necesaria profilaxis que requiere la política, se han ignorado. O sea, de las 16 sugerencias, ocho no fueron tomadas en cuenta y el resto se han analizado solo parcialmente.

Entre las medidas aún no se revisan ni debaten están la de prohibir la candidatura de personas que cometieron delitos graves y la obligatoriedad para se consignen en las hojas de vida todas las sentencias judiciales. Tampoco se ha discutido dotar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de facultades sancionadoras más allá de multas económicas a los partidos que no entreguen información de su financiamiento; menos se ha tomado en cuenta la propuesta para que se obligue a los partidos a publicar cada año sus declaraciones juradas con el detalle del origen de sus fondos.

Hace poco, pero de manera parcial, el Parlamento aprobó la reforma que prohibe las dádivas. El incumplimiento de esta norma implica una sanción económica; también se aprobó castigar con una multa a los candidatos que mientan en sus hojas de vida, medida que requiere aún de una segunda votación.

En cuanto a las declaraciones de interés que recomendó la Comisión de Integridad para las principales instituciones del Ejecutivo y el Legislativo, solo 17 de los 130 congresistas han hecho público este documento; en el caso del gabinete, 17 de 19 ministros cumplieron con esta sugerencia. Las dos que no lo han hecho aún son la premier Mercedes Aráoz y la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca.

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