El último lunes, Martha Huatay, quiera fuera parte del círculo más cercano de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, salió en libertad tras cumplir su condena de 25 años de prisión por el delito de terrorismo.
Irónicamente, si bien no ha cumplido con pagar la reparación civil que se le impuso, la excarcelada no dejó de cumplir con las obligaciones económicas con el Colegio de Abogados de Lima (CAL) para mantenerse hábil en el ejercicio de la abogacía.
Esta situación, evidentemente, ha causado indignación. El congresista Alberto de Belaunde (Peruanos por el Kambio) envió un oficio dirigido a Pedro Angulo, decano de la referida institución. En la misiva expresó su malestar y preocupación, además de solicitar un informe sobre las acciones del CAL en el caso de Huatay "desde la fecha en que fue sentenciada hasta la actualidad".
"[...] nuestra profesión tiene como principio medular la búsqueda de justicia, a través de la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales ahí consagrados, que también estaban recogidos en las normas que regulaban la conducta profesional del abogado [...]. Estos fines supremos que dan sentido a nuestra vida en sociedad se contradicen abiertamente con los actos criminales perpetrados por el grupo terrorista Sendero Luminoso", dice el oficio escrito por el titular de la Comisión de Justicia del Congreso.
Paralelamente, en su cuenta de Twitter, expresó que Huatay debió "ser expulsada del CAL hace mucho años". "[Los] abogados ayudan a consolidar el Estado de derecho, no a destruirlo", escribió.
Por su parte, Angulo -en conversación con El Comercio- explicó que un abogado puede ser inhabilitado de forma permanente cuando es condenado por un delito relacionado con el ejercicio de la citada profesión. En ese contexto, agregó que se podría sacar una norma para impedir que condenados por terrorismo no puedan ejercer la carrera de leyes.
"Se sacó una norma para que [los ex terroristas] ya no puedan hacerlo [ser profesores]. De pronto ahora se pueden repensar las normas y tomar remedios", dijo.
Por su parte, Milko Ruiz, procurador antiterrorista, señaló en Canal N que se solicitará al CAL que Huatay sea inhabilitada "definitivamente como abogada". "Para nosotros, [ella] no debe ejercer porque ha faltado a la ética", agregó.
Para tener en cuenta
►El Poder Judicial le impuso a Martha Huatay y a 11 miembros de la cúpula terrorista el pago solidario de S/3.700 millones como reparación civil.
►El procurador antiterrorismo Milko Ruiz señaló que la Fiscalía puede pedir la detención de Huatay por el caso del atentado terrorista de la calle Tarata en Miraflores. Recordó que Oscar Ramírez Durand -alias 'Feliciano'- debió conocer esta acción subversiva, por ser responsable del Comité Socorro Popular, órgano de Sendero Luminoso.
[Foto de portada: Andina]
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