En agosto pasado los medios de comunicación informaron que Petroperú había iniciado negociaciones con la canadiense Frontera Energy para operar el Lote 192, el mayor campo petrolero del país. Desde entonces, hubo reuniones entre las dos partes y trascendidos que apuntaban a la posible alianza de cara al nuevo contrato de 30 años que el Estado peruano firmará.
Como se sabe, la canadiense (antes denominada Pacific Exploration & Production Corporation) es la actual operadora y suscribió con Perupetro en agosto de 2015 un contrato de servicios por dos años para explotar hidrocarburos en el lote mencionado (cabe recordar que entonces las comunidades nativas de los alrededores del pozo no estuvieron de acuerdo con que el Estado firmara con Pacific). El plazo debió finalizar en agosto de este año, pero ya que el Oleoducto Norperuano estuvo paralizado hasta agosto pasado tras los derrames petroleros ocurridos en el 2016, su permanencia durará hasta febrero de 2019.
En medio del pedido de consulta previa por parte de las comunidades con miras al próximo acuerdo de explotación petrolera y las protestas (toma del aeródromo en la comunidad nativa Nuevo Andoas, paralización de la producción del Lote 192 en la cuenca del Corrientes, entre otras) que iniciaron en setiembre pasado luego de que el Viceministerio de Interculturalidad informara que de momento no hay razón para ello, Petroperú anunció sorpresivamente que finalizó las negociaciones con Frontera Energy porque no existen las condiciones para seguir el proceso, más aún ante las protestas de las federaciones indígenas.
Así, la canadiense quedaría fuera del nuevo proceso y la estatal peruana -señaló en un comunicado- "evaluará la convocatoria de posibles socios estratégicos para negociar su participación en el lote".
De hecho, llama la atención la decisión de Petroperú, más cuando hace poco sus funcionarios declaraban que era importante llegar pronto a un acuerdo en tanto que los 18 meses que le quedaban de operación a Frontera Energy serían insuficientes para que esta ejecutara más inversiones en el Lote 192, lo que pondría en peligro la producción de crudo.
Mientras tanto, el gobierno se reafirma en su decisión de que a menos de que en el contrato con el futuro operador haya afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas habrá consulta previa. Por su parte, los indígenas esperan que esa condicionalidad cambie a una afirmación.
El Lote 192 sigue en la mira de todos.
