En el fujimorismo, que controla el Congreso, parecen empeñados en creer que el país gira en torno a ellos. Eso se puede colegir del proyecto de ley que acaba de presentar el legislador Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, el cual parece más pensado en el interés particular que en el público.
La iniciativa plantea incluir la difusión de chats de mensajería instantánea en las sanciones estipuladas en el Código Penal para la llamada "publicación indebida de las comunicaciones", y que además se sancione con la "limitación de días libres", entre 20 y 52 jornadas, para el que publique esas conversaciones.
Becerril alega que su proyecto no tiene nada que ver con los medios, pero lo cierto es que parece una iniciativa a la medida, luego de que hace casi un año se reveló el contenido de un chat de congresistas de su bancada —los más cercanos a Keiko Fujimori, incluido él— , bautizado como el grupo 'mototaxi', el cual reveló que fue la misma excandidata presidencial la que estuvo detrás de la arbitraria y prepotente censura en diciembre pasado al entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra.
"Lo único que estamos haciendo es actualizar la norma. ¿Quién se comunica ahora con cartas? Ahora todos usan WhatsApp, Telegram, y otros", sostuvo Becerril a El Comercio.

Esta es la imagen que publicó correo y que puso al descubierto cómo funciona la bancada de Fuerza popular.
¿Qué implica la "limitación de días libres" que se plantea como sanción? Según el Código Penal, esta medida obliga a participar los sábados, domingos y feriados en programas educativos, psicológicos o de formación laboral, tanto en instituciones públicas como privadas.
El proyecto de Becerril también plantea pena privativa de libertad, hasta por dos años, por publicar o difundir "una comunicación telefónica o la grabación de la misma". En este punto, otra vez los fujimoristas parecen querer curarse en salud antes que nada, y evitar casos como el de los audios de la congresista Yesenia Ponce en los que comprometía a Keiko Fujimori.
El autor de la iniciativa sostiene, como suele suceder en estos casos, que su supuesta intención es proteger la intimidad de las personas en general, pero lo cierto que el proyecto no se plantea escenarios en que el interés público está por encima del privado, como cuando una conversación o un audio prueba un acto de corrupción o intereses subalternos en torno a tema nacionales.
"Pareciera que quieren protegerse para que no les publiquen cosas como su chat Mototaxi. Y eso era una cosa pública, pues se mostraban las motivaciones de una agrupación política para una decisión pública", dijo Gonzalo Zegarra, expresidente del Consejo de la Prensa Peruana, en alusión a la censura de Jaime Saavedra.
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