Santa Clara de Uchunya es una comunidad nativa de origen shipibo asentada a orillas del río Aguaytía, en la región Ucayali, a dos horas en auto de la ciudad de Pucallpa. Allí viven 120 familias (algunas son asháninkas y cocamas) que se dedican a la pesca, al cultivo de maíz, frejol, yuca y plátano, así como a la reforestación, al uso responsable de las plantas medicinales, y a la artesanía, entre otras actividades. 

Hasta el año 2012 todo era tranquilo, con altas y bajas, como en todo lugar. El tema central para ellos era desde hace años el pedido de titulación de su territorio ancestral. Son 86.000 hectáreas (solo 200 están tituladas) de bosques primarios en los que los peruanos shipibos cazan, pescan, se purifican en armonía con la naturaleza, respetándola y haciendo un uso sostenible de ella.

Es en diciembre de ese año que la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali facilitó mediante una compraventa –decisión polémica, si no delictiva– a la empresa de palma aceitera Plantaciones de Pucallpa (vinculada con el Grupo Melka, y que ahora se llama Ochosur) 4,759 hectáreas de terrenos entre cuyos propietarios figuraba Santa Clara de Uchunya. Desde entonces, se han violado derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú y en el Derecho Internacional, que pasan por la propiedad comunal, la consulta previa y el medio ambiente adecuado y equilibrado, entre otros.

Así, la comunidad lleva varios años resistiendo los abusos de colonos que actúan bajo la dirección de la ahora denominada Ochosur, quienes solicitan constancias de posesión al Gobierno Regional de Ucayali sobre territorio ancestral de la comunidad para luego venderla a la palmera. También hay traficantes que venden las tierras al mejor postor (como sería el caso del reciente asesinato de seis agricultores).   

Al día de hoy, según información recogida por Human Rights Tulip y otras organizaciones internacionales y locales, la comunidad ha sufrido la destrucción de más de 7.000 hectáreas de bosque tradicional. Al no contar con dicha área, las condiciones de vida de la comunidad se tornan difíciles, por no tener acceso a alimentos y medicinas naturales, los cuales eran fáciles de encontrar en la zona hoy deforestada.

La vida no vale nada

La Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau) que apoya la lucha de Santa Clara de Uchunya, así como líderes de otros pueblos que también han hecho suya la misma causa, han denunciado ante las autoridades amenazas por parte de individuos vinculados a Ochosur y al denominado grupo 'Los Empresarios'. 

Los principales tenedores de las tierras son los pueblos indígenas, ellos manejan grandes extensiones que pertenecen a sus territorios ancestrales. Y en lugar de ser respetados como cualquier ciudadano son amenazados para que vendan sus tierras, y si no aceptan corren el riesgo de que se les sea arrebatada. Incluso pueden ser asesinados. Y es que hay un clima de impunidad en la zona que alienta que se sigan cometiendo delitos. 

En el caso de Santa Clara, los dirigentes ya han sido amenazados de muerte. También el exsecretario de la comunidad Huber Flores Rodríguez, quien vive en el límite de la comunidad con las plantaciones de palma aceitera. Él ya ha sido golpeado dos veces. Gente vinculada a la empresa de palma aceitera -afirma- le ha hecho advertencias, su vivienda ha sido quemada y él ha tenido que trasladar su morada unos metros más adentro.

Huber, de 38 años de edad, casado y padre de un niño, cuenta a LaMula.pe que la primera amenaza la recibió en el 2012, luego de que se negara a recibir los US$190.000 que los enviados de Denis Melka le propusieron a cambio de ceder sus tierras, colindantes con las adquiridas por la empresa. Entonces empezó un infierno para él y su familia. "Como voy a vender un territorio indígena, es como vender a mi madre", dice. "He hecho las denuncias ante las autoridades, pero no le toman importancia", añade con pesar.

La más reciente amenaza la recibió la semana pasada, cuando 12 personas, todas con armas de fuego, lo rodearon y le exigieron que abandone el territorio. "Dicen que la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali les ha dado constancia de posesión y que quieren mi terreno. Nuevamente les dije que no voy a abandonar, esta tierra es mi madre y que la defenderé y lucharé hasta la muerte. Al decir esto me dijeron: 'Tú lo dijiste'. Y se fueron", narra Huber.

Cuando él recurre a la Policía, ésta le responde que no puede hacer mucho, que la empresa es poderosa, que tiene mucho dinero. De hecho –como en el caso de algunas mineras– hay policías que resguardan los terrenos deforestados, pagados por la empresa de palma aceitera. Huber también ha hecho llegar su denuncia a la Fiscalía de Materia Ambiental de Ucayali. Y el Instituto de Defensa legal (IDL) apoya a la comunidad.

Cabe indicar que irónicamente (aunque no sorprende) él ha sido denunciado por la empresa ante la Fiscalía de Ucayali por calumnia, luego de que él y otros dirigentes de la comunidad fueran a medios de comunicación de la región a denunciar las amenazas.

En paralelo, la empresa también les ha ofrecido palma aceitera para que negocien. "Nos quieren dividir y los dirigentes debemos  luchar, ser persistentes para mantener la unidad. Nos hemos reunido para ser una sola voz", relata.

La vida en la comunidad ya no es la de antes. Hay temor al salir de ella por las represalias. Más aún luego del reciente asesinato de los seis campesinos. Cuando hay conatos los nativos son 50, y los contratados por la empresa son más de 100, armados de palos, machetes y pistolas.

"Pedimos al gobierno nacional que interceda por nosotros. Queremos que esta empresa deje de deforestar, que se largue. Que a los culpables los encarcelen. Pedimos que no permitan que que destruyan nuestros bosques. Este año quieren deforestar 100.000 hectáreas de territorios indígenas, de Uchunya, para sembrar palma aceitera. Que las autoridades judiciales también sancionen a los corruptos que hay en el Gobierno Regional de Ucayali, que además están denunciados malos manejos, por narcotráfico y lavado de activos", demanda el shipibo.

Lo que vive esta comunidad se da en un contexto de tráfico ilegal de terrenos muy vertiginoso en Ucayali. La mafia quita tierras, o las compra bajo amenazas y a bajo precio, y las venden a quienes compran masivamente estos terrenos para desarrollar actividades legales.  

Los traficantes de tierras ingresan en zonas donde saben que van a contar posteriormente con el apoyo del Gobierno Regional de Ucayali para lograr derechos sobre las tierras, que no debieran obtener. Es el drama de las constancias de posesión. Y es que cuando los traficantes ilegales se instalan en una zona piden al Gobierno Regional que les reconozca el acto ilegal, y los funcionarios lo hacen masivamente.  

El Gobierno Regional de Ucayali debería ser el principal garante del respeto a las comunidades que están bajo su jurisdicción, pero –de acuerdo con versiones de los nativos y de sus asesores legales– ha convalidado muchas cosas que no debió hacer, y que supone la violación de derechos humanos. 

Cuando Santa Clara ha solicitado que se le titule (por derecho ancestral) una parte importante de su territorio que aún no tiene esa condición, no ha recibido respuesta y más bien las autoridades regionales dan estas tierras a otros.

Shipibos como Huber, que cuidan el medio ambiente, los bosques, la Amazonía peruana, están en riesgo. ¿Hasta cuándo el Estado peruano permitirá este clima de impunidad en la zona que alienta que se sigan cometiendo delitos? 

Los shipibos consultados por LaMula.pe se preguntan en qué momento los ministerios del Interior y de Agricultura van a tomar cartas en el asunto. ¿El Ministerio Público no debería hacer investigaciones con diligencia y el Poder Judicial sancionar a los culpables?

"Aquí nadie se opone a la inversión –dicen los comuneros– pero no pueden violar ni traficar nuestros territorios, no pueden violar nuestros derechos humanos. No puede haber inversión con daño al medio ambiente". 

En efecto, las inversiones son necesarias, pero deben ser sostenibles y respetuosas de los derechos de las personas y de la naturaleza.

Huber se despide de este periodista con una leve esperanza de que las autoridades se interesen por su caso y actúen pronto. Ha sido humillado en cada amenaza, pero continuará defendiendo sus tierras, aunque le cueste la vida. ¿Lo permitirá el Estado peruano?

(Fotos: Iván Flores)