El pasado 28 de julio, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó el Proyecto de Ley 1718/2017-PE que busca "regular los procedimientos a cargo del Estado para la obtención de los inmuebles necesarios para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas que contribuyan con el desarrollo del país". 

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La norma tiene un rango de carácter nacional (cualquier entidad del Estado y en todos niveles del gobierno) e incluye a obras ejecutadas a través de las Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos.

Asimismo, se propone la creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Obras de Infraestructura Priorizadas (APIP) que tendrá una vigencia de tres años y estará a cargo de un director ejecutivo nombrado por Proinversión. 

Esta norma, sin embargo, no tiene un apoyo unánime. En ese contexto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha emitido este viernes un comunicado en el cual demanda el archivamiento de la Ley 1718/2017-PE en las Comisiones de  Economía y Presupuesto y de Descentralización del Congreso debido a que la norma -se recalca- es una amenaza para los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. 

En el comunicado, la entidad que agrupa a varias organizaciones de derechos humanos señala que dicho proyecto "retoma las disposiciones inconstitucionales del D.L. 1333 e incluso va mucho más allá en sus pretensiones". Sobre la APIP se mencionó que esta instancia  -"al establecer procedimientos que faciliten el saneamiento físico legal de los predios priorizados que aún no tienen título de propiedad" y "facilitar el procedimiento adquisición y expropiación de predios que sí tienen título de propiedad"- provocará una mayor inseguridad jurídica en territorios indígenas, así como en las tierras de "agricultores familiares y pequeños propietarios".

[Foto de portada: mongabay.com]

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