La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló hoy su voluntad de citar al Gobierno argentino para reunirse en Montevideo durante el próximo periodo de sesiones del organismo y abordar el caso de Santiago Maldonado, desaparecido hace un mes y medio en una protesta en el país austral. 

"Lo importante es saber el avance de las investigaciones de la búsqueda y la determinación de su paradero. Sabemos que hay procesos judiciales y creo que en unas semanas habrá elementos más claros de información", apuntó el presidente de la Comisión, Francisco José Eguiguren, en declaraciones a la radio argentina FutuRock.

Eguiguren aclaró que aunque la reunión todavía no es oficial, ya ha iniciado el proceso para convocarla con las partes involucradas en el caso y ver si se está cumpliendo la medida cautelar que otorgó el organismo hace un mes para "proteger" los derechos de Maldonado e instar al Estado a determinar su paradero.

El joven de 28 años fue visto por última vez mientras participaba en una protesta de una comunidad mapuche en la localidad de Esquel, en la sureña provincia de Chubut, que fue reprimida por Gendarmería, cuerpo policial que depende del Ministerio de Seguridad y al que familiares y organismos de derechos humanos responsabilizan de su desaparición.

El titular de la CIDH valoró que se trata de una situación "grave" y afirmó que han recibido "cuestionamientos" sobre inacción e ineficacia por parte del Gobierno, algo que esperan analizar en esa reunión.

El encuentro tendría lugar durante el último periodo de sesiones de la Comisión de este año, que se celebrará en Montevideo (Uruguay) del 23 de octubre al 1 de noviembre.

Según adelantó Eguiguren, en la reunión con el Gobierno de Mauricio Macri no se ceñirán solo al caso de Maldonado, sino que también abordarán la situación de la diputada kirchernista del Parlasur Milagro Sala, quien el pasado 31 de julio fue trasladada a un domicilio tras permanecer detenida 19 meses en la norteña provincia de Jujuy.

Uno de los magistrados que autorizó su traslado llegó a afirmar que no se le otorgaba el arresto domiciliario sino que solo se cambiaba su lugar de detención y, por ende, que no estaba cumpliendo con la medida cautelar otorgada a Sala por la Comisión, que en julio solicitó al Estado medidas alternativas a su encarcelamiento.

Además, la líder de la Túpac Amaru, activistas de su entorno y organizaciones sociales denunciaron inmediatamente que las condiciones de la nueva detención no son las adecuadas y se está incurriendo en una "violación de sus derechos".

"La controversia es si ese lugar reúne las características de un arresto domiciliario. Entendemos que es una decisión de la Justicia, no del Poder Ejecutivo. Vamos a recibir de las partes este diálogo en Montevideo y ahí tomaremos una decisión y determinaremos si la medida cautelar en su esencia está siendo cumplida o no", tanto en el caso de Sala como en el de Maldonado, apuntó Eguiguren.

"Nosotros tenemos que tener una visión un poco más objetiva y menos metida en el problema del debate político interno, pero sí preocupados por los derechos de las personas involucradas y el seguimiento de la medida cautelar que hemos dispuesto", sentenció.


(Fuente: Agencia EFE)


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