El 22 de agosto los representantes de las federaciones indígenas Fediquep, Feconacor, Opikafpe y Acodecospa (que representan a casi 30 mil personas que habitan en las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en Loreto) dieron 20 días de plazo al gobierno para que responda a su pedido de un proceso de consulta previa ante el próximo contrato de concesión por 30 años que el Estado peruano firmará con el nuevo operador del Lote 192, luego de que termine el actual contrato de servicios que firmó con Frontera Energy (antes Pacific Exploration & Production Corporation). Hasta el momento, de acuerdo con informaciones de Perupetro y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Frontera Energy se asociaría con Petroperú para hacerse cargo del lote más importante de la Amazonía peruana.
El ultimátum de las federaciones se dio luego de que en las reuniones que sostuvieran con funcionarios gubernamentales los días 21 y 22 de agosto en Lima no obtuvieran una respuesta que asegure su derecho a consulta. Los representantes del gobierno respondieron que no podían “adelantar opinión” en tanto hay un contrato vigente hasta enero de 2019. Las comunidades exigían un acta donde, más allá de fechas, se les indique que se respetara su derecho a consulta.
El plazo venció este 11 de setiembre para que el gobierno peruano les dé una respuestasobre su derecho a consulta previa. Además, el Estado debe llevar esta respuesta a la comunidad Nuevo Andoas, en cuyo territorio se encuentra la principal base petrolera del lote. Cabe anotar que las federaciones han apostado por el diálogo desde el 2015, durante el régimen de Ollanta Humala firmaron actas, que no se cumplieron, y se llevó a cabo un proceso de consulta previa que ese gobierno finalizó -en opinión de los apus- unilateralmente sin contar con el visto bueno de las federaciones amazónicas.
No obstante que con Humala hubo pocos avances de los compromisos y que el actual gobierno tampoco ha dado muchos pasos adelante, aunque sí se ha reunido con los representantes indígenas, los apus han seguido insistiendo con el diálogo antes que tomar acciones de lucha. Sin embargo, ante tanta insistencia y poca ejecución del gobierno, las comunidades desconfían de las instancias gubernamentales y ya durante las últimas reuniones en Lima llevaron a cabo actos de protesta en Nuevo Andoas. El plazo para seguir dialogantes terminó.
El Lote 192, ubicado en Andoas (Loreto), cuenta con 91,9 millones de barriles de reservas probadas y 58,7 millones de barriles de reservas probables que cuantificado suma US$13 mil millones.
Respuesta del gobierno
Cuando las federaciones enviaron su pedido al Ministerio de Energía y Minas, durante la gestión de Gonzalo Tamayo, recibieron una respuesta negativa. La segunda instancia corresponde al Ministerio de Cultura, mediante el Viceministerio de Interculturalidad, el cual pidió información al Minem. En breve declaración a LaMula.pe, Angela Acevedo, de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, señaló que su sector se pronunciará esta semana. De hecho, esta redacción pudo saber que el lunes 11 de setiembre hubo una reunión decisoria y que probablemente el miércoles 13 de setiembre el gobierno se pronunciaría.
“Nosotros somos pueblos de palabra; tal como hemos exigido, esperamos respuesta en nuestros territorios. Sin embargo, como hemos advertido el 22 de agosto, sin consulta, no habrá petróleo. Hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación desde las autoridades, sólo hay silencio del Gobierno. Incluso el Viceministerio de Interculturalidad incumple con la aplicación de la Ley de Consulta Previa al no responder desde hace más de 30 días nuestra apelación a la negatoria del Ministerio de Energía y Minas frente a nuestro pedido de consulta previa. Las comunidades quechua, achuar y kichwa estamos preparadas para hacer exigir el cumplimiento de nuestros derechos”, señalan los apus en un comunicado este 12 de setiembre.
Un nuevo contrato
Aunque desde el gobierno se ha dicho que el contrato que se firmará contiene los mismos términos del actual, los representantes indígenas señalan que un nuevo contrato implica “más perforaciones, más pozos, más oleoductos, más instalaciones petroleras; es decir, más riesgo a nuestra vida”.
“Nuestro pedido de consulta previa para el Lote 192 es plenamente justo. Tenemos más de 45 años de explotación petrolera que han destruido gran parte de nuestros territorios y medios de vida… Según cifras oficiales, en agosto de 2017 se han producido 282.712 barriles, esto representa más de US$14 millones. Mientras el Estado y las empresas se enriquecen, nosotros carecemos de sistemas de acceso a agua potable, de escuelas, de postas médicas y de medicinas, entre otros servicios básicos. Mientras ellos se enriquecen en sus oficinas, nosotros coexistimos con más de 2.000 pasivos ambientales y 92 sitios contaminados con petróleo. Es intolerable que esto continúe”, explican.
LaMula.pe conversó con Alfonso López, líder de la cuenca del río Marañón:
