La constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos por US$ 29 millones a funcionarios peruanos para adjudicarse grandes obras públicas en el país, ahora busca que el Estado peruano le desembolse una "compensación económica" por haber resuelto el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), firmado durante el gobierno de Ollanta Humala, quien cumple prisión preventiva, junto a su esposa Nadine Heredia, por haber recibido aportes a su campaña del 2011 de este empresa corrupta.

El proyecto, a cargo del consorcio formado por Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero, iba a tener una inversión inicial de US$7,328 millones para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural por un ducto de 1,000 kilómetros, desde Camisea, en el Cusco, hasta el puerto de Ilo, en Moquegua. 

El 24 de enero pasado, el presidente Pedro Pablo kuczynski anunció la ejecución de la carta fianza de US$ 262 millones porque el consorcio no obtuvo el financiamiento necesario para el desarrollo del proyecto, debido a que los bancos nacionales e internacionales le cortaron el crédito por el escándalo de corrupción regional que protagoniza.

A fin de lograr la compensación, Odebrecht ha contratado a un poderoso estudio de abogados en los Estados Unidos. Asimismo, pretende que la Sunat le levante el embargo de 44 cuentas bancarias de su red empresarial en Perú, donde quedaron congelados unos S/ 240 millones, reveló este viernes el semanario Hildebrandt en sus trece. La empresa intentó que se desbloqueen estas cuentas para cumplir su cadena de pagos durante los últimos tres meses.

La intimidación de la constructora con medidas legales no ha quedado allí. En mayo de este año, contrató a la firma global Quinn Emanuel Urquahart & Sullivan, una de las más influyentes de EEUU, para iniciar un proceso de "trato directo" y llegar a una "negociación amistosa" con el gobierno peruano que evite un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Para ello, tal como lo reportamos en julio último, le ha concedido seis meses al Estado para llegar a un acuerdo antes de tomar acciones.

“Nosotros le hemos informado al Estado (peruano) mediante una notificación con el objetivo de dirimir algunas discrepancias respecto a las normas del tratado bilateral de inversión”, informó un vocero de la constructora brasileña, quien confirmó que remitieron un escrito al Ministerio de Justicia informando al respecto.

El próximo 25 de noviembre se vence el plazo para que el Estado responda la notificación de Odebrecht, pero en agosto trascendió, que el Gobierno peruano no está dispuesto a negociar nada con la empresa, por lo que el arbitraje intercional es inminente. 

“Si Odebrecht llegase a ganar el arbitraje internacional, implicaría que el Decreto de Urgencia 003 fue nulo porque vulnera las normas internacionales y, como consecuencia, todo lo que está en el fideicomiso se devolvería a Odebrecht. ¿Con qué activo se pagaría entonces la reparación civil si Odebrecht ya vendió todo?”, señaló Katherine Ampuero al confirmar que tenía conocimiento de esta advertencia antes de ser retirada de su cargo como procuradora ad hoc.

(Foto de cabecera: La República)

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