El 18 de junio de 1986, cientos de presos, procesados por terrorismo, se amotinaron en los penales de Lurigancho y El Frontón. Ante ello, el presidente Alan García (1985-1990) ordenó la intervención militar, que provocó la muerte de 249 reos. 31 años después, se inicia el juicio oral por el caso de El Frontón, por el que 34 exoficiales y suboficiales de la Marina están siendo acusados del delito de homicidio calificado de 133 personas.
En declaraciones a LaMula.pe, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y representante de los familiares de las víctimas Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, consideró que el tiempo que se ha esperado para que se inicie el juicio es un indicador de que el sistema judicial tiene un doble estándar para crímenes perpetrados por grupos subversivos y los cometidos por el Estado.
"Resulta inadmisible que se tenga dos tipos de justicia. Frente al terrorismo sí se actuó con celeridad, pero en casos como este, que también es grave, hay un sentimiento de frustración, de desatención del sistema judicial. Solo se llega a una instancia luego de superar varios obstáculos", dijo.
Además, precisó que en el caso las víctimas a las que defiende, y de otro grupo de reos asesinados, estos no tenían condena por terrorismo. "No hay estadística, pero puedo afirmar que más del 70% de los presos no tenían sentencia", dijo.
Por esta matanza, la Fiscalía peruana ha pedido, para cada uno de los 34 acusados, 25 años de pena privativa de la libertad por el presunto delito de homicidio calificado. Según el Ministerio Público, las víctimas fueron asesinadas de tres formas: por aplastamiento, por fusilamiento y a cuchillazos.
El abogado explicó que, en caso la sentencia resulte favorable a los familiares de las víctimas, la pena se cumpliría después del fallo. "En el caso de El Frontón, como en otros de violaciones a los derechos humanos, ninguno de los acusados ha cumplido un día de prisión", afirmó Rivera.
Si bien se está juzgando a los presuntos autores materiales de este crimen, hasta el momento, solo son los autores materiales, pero falta investigar a los autores mediatos, a los que dieron la orden de intervenir. Para Rivera, esta es "una limitación muy grande" respecto a la obtención de justicia. En este sentido, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó al Estado peruano que investigue y juzgue a los responsables.
"Se entiende que un evento de esta naturaleza no pudo haber sido la decisión de los autores materiales con responsabilidad de carácter individual, sino que se ha logrado establecer de manera fehaciente la existencia de otro tipo de personas, las que dieron las ordenes superiores, nos referimos a Alan García, Luis Giampietri y altos mandos de la Marina que son los que dispusieron que esto ocurra", afirmó.
Estas personas, solo están citadas como testigos en el actual proceso, pero se espera que culminado el juicio, se continúe con la investigación a los presuntos autores mediatos de este crimen. "La responsabilidad de los autores mediatos estará a resultas del final del juicio oral a los autores materiales. Algunos sospechosos están como testigos, pero pueden ser llevados a juicio y sus responsabilidades serán verificadas", afirmó Rivera.
El abogado espera que el juicio sea llevado correctamente y de manera imparcial, y que el juez tome una decisión sin influencias políticas. En agosto del 2016, la Fiscalía entregó los restos de siete internos fallecidos en la matanza de El Frontón.
(Foto de portada: CVR)
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