Invitado mulero: Gonzalo Palao Quiroz


¿Cuál es la gravedad del desencuentro entre el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional tras el polémico fallo contra la 'Ley Antitránsfuga'? Al respecto, el investigador del Centro de Estudios de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional comparte su opinión.  

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"Una vez más somos testigos de la farsa cotidiana que domina nuestra política. Una resonante puesta en escena cuyo tablado principal es el hemiciclo del Congreso, donde los principios y las ideas son entidades maleables, sumamente plásticas, capaces de adecuarse a cualquier discurso, posición o propuesta retórica.

Así, refiriéndose a lo que al parecer es un proyecto de sentencia del TC sobre la Ley Antitránsfuga, el congresista Mauricio Mulder ha manifestado:

“Me parece una muestra francamente antidemocrática y casi golpista que me hace recordar como la Corte Suprema de Venezuela corregía todas las leyes que sacaba el Parlamento venezolano”.

Esta lamentable demostración del congresista Mulder tiene dos implicancias extremadamente graves. La primera es que el Congreso de la República no está obligado a cumplir con los fallos de la Justicia Constitucional. La segunda es que se pretende deslegitimar al Tribunal Constitucional bajo la premisa de que las decisiones adoptadas en el parlamento solo responden a la nuda voluntad de los legisladores.

Ambas consideraciones no hacen más que desconocer el lugar que tiene una Constitución dentro de un sistema político. Y es que la Constitución es como un gran fuego incandescente que se ubica en el centro de una sociedad, irradiando una vigorosa luz que busca hacer habitables los espacios, altamente conflictivos e inciertos, de nuestra vida social.

Ello implica que la Constitución no es más una mera declaración política, sino que goza de una auténtica fuerza normativa que vincula y restringe las actuaciones del poder público a fin de garantizar la dignidad de todos los ciudadanos. Tanto las instituciones, los funcionarios que las componen y la sociedad en general, están sujetos a la Constitución y a los principios que en ella subyacen. Este mandato, que es la base de nuestro Estado.

Este impase entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República es particularmente complejo, ya que versa sobre una regulación del Congreso de su propia actividad, constituyéndose desde la perspectiva de algunos como una verdadera political question sobre la cual no cabe una revisión jurisdiccional. Sin embargo, admitir tal hipótesis significaría aceptar la existencia de zonas exentas de control constitucional donde puedan constituirse ejercicios tiránicos de un verdadero poder absoluto en nombre de una supuesta legitimidad democrática.

Afortunadamente, con la Sentencia de Exp. Nº 04968-2014-PHC/TC (Precedente Toledo), así como en sentencias anteriores, el Tribunal Constitucional ya ha marcado un derrotero para abordar el control constitucional de las actividades del Congreso. No obstante, es imprescindible que, por un lado, el TC se mantenga en la continua tarea de argumentación y justificación en miras a conciliar los enfrentamientos naturales entre la Justicia Constitucional y el poder político; y por otro lado, que la sociedad en conjunto rechace de manera tajante expresiones tan irresponsables como las del congresista aprista que solo buscan deslegitimar a un mecanismo de control, fundamental en un Estado Constitucional, para no ver amenazada su cuota de poder."



[Foto de portada: Andina]