Aún no hay un sentencia oficial del Tribunal Constitucional (TC) contra la llamada 'ley antitránsfuga', pero el fujimorismo que controla el Congreso parece que no está dispuesto a correr riesgos y ya presentó ante el órgano colegiado un recuso para anular la audiencia y la votación del 28 de agosto en que supuestamente se declaró ilegal la referida norma, durante una audiencia que se realizó en Arequipa.
Así lo confirmó el abogado Aníbal Quiroga, encargado de presentar ese recurso el viernes último, al señalar a El Comercio que la solicitud "se basa en el comunicado que presentó el Tribunal Constitucional en el cual se acepta que hubo una filtración y en la formación de una comisión investigadora para hallar a los responsables de esta filtración, algo que es grave e ilegal".
Así, el recurso no solo confirma un intento, como en los 90, de desacatar el fallo del máximo intérprete de la Carta Magna, sino también implicaría, si es aceptado por el TC, que en la nueva audiencia vote el recién electo magistrado Augusto Ferrero Costa, quien debe asumir su cargo este lunes en reemplazo del magistrado Óscar Urviola.
Quiroga cuestionó que Urviola haya votado en la causa contra la 'ley antitránsfuga' porque "ya está de salida", y sostuvo que debe ser el nuevo magistrado Augusto Ferrero quien participe y vote en una eventual nueva votación.
Precisamente el domingo último Urviola explicó que, según la norma vigente, su deber constitucional para este caso específico era emitir su voto, debido a que participó en el proceso de debate y revisión de la demanda en contra de la 'ley antitránfuga'. "En el Estado constitucional de derecho no hay isla, entidad o persona pública o privada que esté exenta del control constitucional", agregó el saliente magistrado, en referencia a que el fallo, sea cual fuere el sentido de este, debe ser acatado por el Congreso.
Entre tanto, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, defendió el recurso de nulidad que ha presentado el Congreso, pero negó que responda al temor de que su bancada se rompa a raíz de la decisión del órgano constitucional. "Tenemos que investigar si ha habido injerencia política en el fallo del TC", alegó en entrevista con El Comercio.
Tras la filtración que hizo la semana pasada de un extracto de la parte resolutiva del fallo el congresista oficialista Gilbert Violeta, algunos medios confirmaron que el TC, en efecto, declaró inconstitucionales los artículos 37 (inciso 5), 2 y 76 (inciso 2.3) del reglamento del Parlamento, modificados por la llamada 'ley antitránsfuga' y que esta semana se publicaría la sentencia oficial. Con ello, ahora los congresistas que hayan renunciado o hayan sido separados de sus bancadas podrían sumarse a otras o crear nuevas, y también podrían acceder a cargos directivos e integrar y presidir comisiones en el Congreso.
En medio de la controversia y ataques que recibió el TC tras la filtración del fallo, el portal IDL-reporteros publicó tres páginas de la sentencia que el tribunal aún no ha hecho oficial, en la que se confirma que fueron cinco magistrados los que votaron por declarar inconstitucionales cinco puntos de la conocida ley antitránsfugas.
El portal señala que "por ser de interés nacional, IDL-Reporteros reproduce aquí tres páginas fundamentales de la sentencia transcendental del Tribunal Constitucional que devuelve a los congresistas de la República el derecho a la libertad de conciencia".
"Dado que la sola noticia de la sentencia ha producido ya ataques destemplados, que recuerdan a las que se dieron en 1997 frente al extraordinario grupo de magistrados presidido por Manuel Aguirre Roca, IDL-Reporteros publica en primicia, las páginas de la sentencia, que muestran la rúbrica en cada página y la firma en la final de la mayoría decisiva de los cinco magistrados (sobre siete) necesarios para que, como es el caso, esta sea una sentencia final, con plena fuerza de ley. Y que sea, además, en términos de afirmación de la democracia, una de las más importantes desde 1997".
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