El 28 de agosto del 2003, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) entregó su Informe Final. Desde entonces mucho se ha dicho desde diferentes sectores de la sociedad. Muchas veces, el documento ha sido calificado de "sesgado". Sin embargo, este calificativo responde más al enojo de las fuerzas políticas que fueron gobierno durante los años de violencia.
Lo cierto es que el trabajo que realizó la CVR es uno de los más importantes que tenemos para abordar el periodo de la guerra contra el terrorismo (1980-2000). Fue gracias a su labor que conocimos el testimonio de los peruanos que fueron víctimas tanto del accionar de los miembros de Sendero Luminoso y del MRTA como de los abusos de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, 14 años después, todavía se respira impunidad.
"Pueden pasar hasta diez años en un proceso de investigación fiscal, pero si las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa no otorgan información, se podría estar manteniendo la impunidad", dijo a La República Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
En ese contexto, remarcó que muchos casos judiciales han sido archivados en investigación preliminar debido a falta de información.
¿No hay defensa para las víctimas?
La abogada lamentó también que muchas víctimas no tengan acceso a la defensa pública. Un situación distinta viven los militares procesados, cuyos casos son asumidos por estudios privados contratados por el Estado.
"Hay más de 30 militares no habidos por la justicia por este tipo de crímenes y, sin embargo, a algunos les han pagado la defensa de abogados privados", señaló Vidal.
Para ejemplicar esta idea, expuso el caso del general (r) Manuel Delgado Rojas. Él fue absuelto por la desaparición de dos estudiantes universitarios. A pesar de que tenía otro fallo en su contra por 20 años por la matanza de Pucará, el Poder Judicial lo dejó en libertad. Pero hay un detalle a considerar: estando en la clandestinidad, cuenta con defensa pagada por el Estado.
Para tener en cuenta
►La madrugada del pasado 18 de agosto, el Poder Judicial sentenció a penas de entre 23 y 30 años a dos militares acusados de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 53 personas en Ayacucho en 1983 (caso Los Cabitos).
► Para Ana Ascarza, hermana de una de las víctimas, el fallo sienta un precedente para los familiares de desaparecidos durante el conflicto armado interno. "No se rindan. Sí es posible alcanzar una justicia real", fue el mensaje que dio, entrevistada por LaMula.pe.
[Foto de portada: tomada de blogs.monash.edu]
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