Los delitos de corrupción en el Perú ya no prescribirán, luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczysnki promulgó este sábado la ley que modifica el artículo 41 de la Constitución Política, un paso importante en la lucha contra la impunidad que impera en el país, en un contexto en el que el escándalo Lava Jato amenaza con salpicar a los principales políticos y que hasta ahora ha alcanzado a los últimos tres expresidentes del país: Alejandro Toledo, con orden de captura internacional; Ollanta Humala, en prisión preventiva; y Alan García, bajo investigación fiscal.

"Esto es importante en la lucha contra la corrupción, que es un cáncer que nos amenaza a todos, todos tenemos que luchar contra esto", dijo el mandatario en un video que difundió en Twitter.

¿Qué implica la reforma? 

Que los funcionarios, servidores públicos o particulares que cometan delitos de corrupción, serán perseguidos por la justicia hasta que respondan. O dicho de otra forma, ya no podrán esperar en un cómodo autoexilio que los delitos que se les imputan prescriban, como ocurrió en el pasado, con Alan García, por ejemplo. 

La medida promulgada este sábado además sanciona tanto al corruptor como a los corrompidos, así como a los terceros que resulten responsables. Es decir, a todos los protagonistas de la cadena de la corrupción.

¿En qué casos se aplicará la imprescriptibilidad?  

"En los supuestos más graves", señala la norma, entre los que se consideran los delitos de cohecho, peculado, colusión, negociación incompatible, abuso de autoridad, malversación, tráfico de influencias especial y enriquecimiento ilícito.

La reforma en mención complementa con dos párrafos nuevos al artículo 41 de la Carta Política del Perú, y establece que "el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares" y agrega que "la acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad".

Una ley de consenso

El proyecto de reforma fue presentado por el Ejecutivo en octubre de 2016, tras el escándalo que provocó en exasesor presidencial Carlos Moreno —y su 'negociazo' en el SIS—,  y luego aprobada por el Congreso en dos legislaturas consecutivas: el 1 de marzo pasado, en primera votación, y el 17 de agosto en segunda votación. En ambos casos, por unanimidad.

"Este es un esfuerzo tanto del Congreso, que aprobó este cambio constitucional, como del Ejecutivo, que lo propuso y lo ha firmado, como ustedes ven aquí", dijo PPK.

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